CEIM exige el fin del acoso fiscal a las empresas y critica la excesiva ambición recaudatoria del Gobierno español

El líder de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Miguel Garrido, ha hecho un llamamiento para terminar con el acoso tributario a las empresas y ha criticado la voracidad recaudatoria desmedida del Gobierno de España. Durante la Asamblea General de la organización, Garrido ha presentado un informe sobre las actividades del año y ha discutido los principales retos que enfrentan las empresas madrileñas, que según él, limitan su competitividad, como el absentismo.

Sin credibilidad no hay confianza. Sin confianza no hay inversión. Sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay futuro. Y para hablar del futuro de las empresas debemos hablar necesariamente del presente. Y hoy España necesita reformas que alivien los problemas de nuestra economía y que corrijan sus graves desequilibrios, afirmó Garrido, abordando temas como el elevado desempleo, el déficit y la deuda pública. Subrayó que estimular la economía no debe ser una sugerencia sino una exigencia y solicitó un Gobierno que colabore con las empresas y no las utilice para propósitos electoralistas.

Los problemas empresariales se muestran a través de la burocracia, el silencio, medidas en la dirección incorrecta o simplemente en la inacción. El aumento de los costes empresariales, ya sean laborales, fiscales, administrativos o por sobrerregulación, torpedean la línea de flotación de las empresas de nuestro país, en su gran mayoría formadas por pymes. No hacer nada no es una opción, no podemos mirar hacia otro lado, alertó Garrido.

UNA PRESIÓN FISCAL QUE SE CONVIERTE EN PERSECUCIÓN

Entre los datos preocupantes que ha subrayado destaca la bajada de inversiones y productividad mientras el absentismo y la regulación suben. Cuando la presión fiscal se convierte en persecución, es la peor señal para nuestra economía. En España, las empresas contribuimos al Estado tres puntos porcentuales por encima de la media europea. El 30% de lo que gana una empresa acaba en las arcas del Estado, y así es muy difícil competir, atraer capital, talento e inversión productiva, indicó.

Al hilo, Garrido ha tildado de bochornoso el estado de las infraestructuras ferroviarias en España o la imagen de los aeropuertos. La Seguridad Social recauda un 7.1% más que hace un año, y las nuevas figuras creadas por el Gobierno, Mecanismo de Equidad y Cuota de Solidaridad, que nombre tan curioso para ocultar un atraco, suponen para las empresas madrileñas un coste anual adicional cercano a los 1.000 millones de euros, ha reprochado.

Por ello, se ha referido al acoso tributario a las empresas con dos nuevas normas cada día algo que demuestra una absoluta ineptitud y falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Mientras los empresarios seguimos dando el callo, todo sería más fácil si se abordan una serie de reformas pensando en el futuro. Reformas que mejoren los datos de absentismo y productividad. Necesitamos una regulación y una política social adecuada a las necesidades del mercado y no confiscatoria, ha exigido Garrido.

También ha intervenido en la clausura de esta Asamblea la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien ha advertido de la miseria que ha generado el Gobierno central y que ya se puede medir en la empresa.

Desde que Pedro Sánchez es presidente se han perdido casi 23.000 microempresas, es decir, 10 negocios al día, consecuencia de las continuas subidas de impuestos de costes laborales que han subido un 26% desde 2021, ha señalado.

En este punto, ha rechazado la legislación absurda, totalitaria e ideológica que nunca responde a las necesidades reales de una empresa que por más que haga esfuerzos cada vez es menos competitiva, sobre todo, de cara al exterior.

Así, ha lamentado que la inversión extranjera se ha desplomado en 45% solo en el último año y que la corrupción y la dejadez están espantando proyectos. Con lo que ha sido España, con lo que son y han sido sus empresas en el mundo y ahora que demos menos confianza, esto es imperdonable. La economía intervenida sin control y gobernar al servicio de la ideología siempre pasa factura, ha añadido, para advertir, además, que otras medidas como la reducción de jornada va a costar otros 4.000 millones de euros y se hace sin contar con los empresarios