La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha vuelto a poner el foco este miércoles en la difícil coyuntura que atraviesan las pymes en España, una situación que, según la organización, se ve agravada “por el deterioro del diálogo social con el Ministerio de Trabajo”.
“La exclusión de las patronales en asuntos clave demuestra un desconocimiento de la realidad empresarial y un riesgo creciente para el tejido productivo, donde las pymes representan el 99% del tejido empresarial español”, ha advertido la patronal en un comunicado, en el que denuncia que se las está dejando al margen de decisiones fundamentales.
En ese contexto, Cepyme critica que el plan anual normativo de 2026, recientemente publicado por el Gobierno, incluya la intención del Ministerio de Trabajo de impulsar una ley sobre la representatividad empresarial en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, sin contar de forma adecuada con las organizaciones empresariales. Este proyecto pretende fijar las reglas de representatividad, con especial atención a la mayor presencia de las pymes en el diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional.
La confederación recuerda que el artículo 7 de la Constitución Española ampara la libertad de organización de las asociaciones empresariales y su derecho a defender los intereses económicos y sociales de sus miembros. A partir de este marco, Cepyme insiste en que su postura no responde a una voluntad de bloqueo, sino a la “legítima defensa” de las pymes ante decisiones que, a su juicio, condicionan de forma directa su continuidad y su capacidad para competir.
Según ha subrayado la organización presidida por Ángela de Miguel, las pequeñas y medianas empresas españolas arrastran problemas estructurales que ponen en cuestión su competitividad y su propia supervivencia. “El exceso de burocracia y la sobrerregulación generan costes administrativos que restan tiempo, recursos y capacidad de crecimiento, con un impacto especialmente grave en microempresas sin estructura administrativa”, ha alertado.
En la misma línea, la patronal lamenta que la ausencia de un diálogo social real y fluido haya desembocado en decisiones unilaterales por parte del Ejecutivo y en reformas laborales que, a su entender, no se ajustan a la situación de las empresas, profundizando la brecha entre la normativa y el tejido productivo. “Cada acción que ignora a las pymes pone en riesgo a quienes las mantienen vivas y dan empleo a tantas familias”, ha remarcado.
Cepyme también señala que la elevada presión fiscal, junto con el incremento de los costes laborales y operativos —incluidos los sucesivos aumentos del salario mínimo y nuevas obligaciones en el ámbito laboral—, está estrechando los márgenes empresariales y frenando la capacidad de inversión. A ello se suman la fragilidad de la microempresa, los obstáculos para avanzar en la digitalización, la incertidumbre regulatoria y la falta de seguridad jurídica, que conforman un escenario “especialmente complejo” para el conjunto de las pymes.
Ante este panorama, la confederación reclama al Gobierno la apertura de un diálogo social “efectivo y transparente”, que tenga en cuenta las necesidades reales de las pequeñas y medianas empresas y evite decisiones unilaterales que, según advierte, pueden lastrar la inversión, la competitividad y la estabilidad económica del país.
“Es imprescindible promover medidas diferenciales y proporcionales, incentivos fiscales y acompañamiento en digitalización”, concluye el comunicado, en el que Cepyme urge a adoptar actuaciones concretas y adaptadas a la realidad de las pymes.