El debate de la regularización de migrantes, anunciada hace apenas unos días por el Gobierno, está en la mesa. Este martes, el Consejo Económico y Social (CES) ha abordado este asunto, señalando de partida que la inmigración en España es “esencial” para sostener el crecimiento económico, el empleo y el sistema de pensiones, pero, afirma esta institución, debe ir acompañada de “un aumento paralelo de los servicios públicos necesarios para que se produzca una buena inclusión y no se produzca rechazo”.
Así lo ha expuesto el presidente del CES, Antonio Costas, durante la presentación en València del Informe sobre al realidad migratoria en España” -al que ha tenido acceso Demócrata-, un acto celebrado en la sede de la CEV con la participación del presidente de la patronal valenciana, Vicente Lafuente, y de la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero. El documento se ha elaborado a petición del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Costas ha subrayado que la experiencia migratoria española es “singular” y “no tiene comparación”, recordando que, mientras otros países europeos llevan seis o siete décadas gestionando estos flujos, España ha pasado “de ser un país de emigrantes a principios de siglo a ser el cuarto país del mundo en migración; se ha pasado prácticamente de cero inmigrantes a casi diez millones de inmigrantes en dos décadas y media”.
España necesitará 2,4 millones de trabajadores en diez años
El informe constata que la población de origen migrante supone ya una quinta parte de los residentes en España y resulta “esencial” para el crecimiento. Además, proyecta que el país requerirá 2,4 millones de trabajadores adicionales en la próxima década, en su mayoría procedentes de la inmigración.
En 2025 la mayor parte de la población inmigrante se concentraba en Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía. A escala provincial, los datos confirman la consolidación del arco mediterráneo como la franja con mayor densidad de residentes extranjeros.
El estudio también refleja que el aumento de la población de origen extranjero avanza a ritmos distintos según la región. Esto evidencia, por un lado, una posible saturación en áreas donde ya se acumulaban porcentajes elevados de personas migrantes y, por otro, una mayor dispersión hacia territorios “tradicionalmente” menos atractivos.
El caso de Valencia
En este contexto, la Comunitat Valenciana destaca por “un gran dinamismo”, con un incremento del 29% de la población extranjera en solo tres años, lo que supone 270.000 nuevos residentes. Este avance supera “significativamente” la media estatal y sitúa a valeciaValencia como el territorio con mayor capacidad de atracción migratoria reciente. La provincia de Valencia agrupa 582.000 personas extranjeras (21%), mientras que Alicante alcanza las 597.000 (29%), conformando un eje demográfico de fuerte intensidad migratoria.
Costas ha detallado que uno de los impactos positivos es que la inmigración se incorpora a los sectores “más intensivos” en mano de obra, como los servicios domésticos, la hostelería o la construcción. Esto provoca “un desplazamiento de la población autóctona hacia actividades empleos de mayor productividad y mayores salarios” y, al cabo de cinco años, “muchos inmigrantes que entran por la parte baja del mercado laboral” también se benefician de esta mejora.
Por ello, ha defendido la importancia de contar con una ciudadanía informada, objetivo que persigue el informe, capaz de diferenciar “lo que son beneficios y costes de políticas pragmáticas de lo que son políticas populistas”.
El CES insiste en que la inmigración es un fenómeno “intenso y muy denso” que, aunque “siendo gestionado razonablemente”, exige avanzar “mucho en las situaciones de irregularidad administrativa”, que constituyen “el verdadero problema” tanto para quienes las padecen como para la economía española, ya que “no permite incorporar a esas personas”.
Tres retos para la Administración
En este sentido, ha señalado tres grandes desafíos para la Administración si quiere mejorar la integración y maximizar los efectos positivos. En primer lugar, una gestión “controlada, segura y eficaz” de las entradas y estancias; una regularización “más acelerada y más intensa” de las aproximadamente 800.000 personas en situación irregular, que “no pueden acceder prácticamente ni al empleo ni a casi ningún servicio”; y, la eliminación del mercado “alegal” de citas citas previas, que “dificulta mucho el proceso de la regularización”.
Como tercer eje, ha reclamado “un aumento de la capacidad y de los recursos de los servicios sociales, especialmente en aquellos lugares donde se ha producido una concentración y, en algunos casos, saturación de inmigración”.
La doctora en Economía de la Universitat Jaume I (UJI) Maite Alguacil Marí, integrante del consejo científico asesor del Gobierno en materia migratoria, ha incidido en que la inmigración es “un fenómeno absolutamente estructural: Están aquí y han venido a quedarse y, además, los necesitamos, dada nuestra estructura demográfica y nuestro tejido productivo”.
Cuidado con la mala gestión de la inmigración
El presidente de la CEV, Vicente Lafuente, ha coincidido en que la inmigración es “un elemento que bien gestionado va a aportar crecimiento y bienestar” y ha remarcado que es “clave” para la economía valenciana, aunque ha alertado de que “mal gestionado puede generar tensiones sociales y desperdiciar mucho talento”.
Por ello, considera “necesario” avanzar hacia un modelo de políticas públicas migratorias “estratégico y basado en evidencias y con objetivos claros de integración y de cohesión social”, y ha solicitado un Pacto de Estado en esta materia.
En la misma línea, la vicepresidenta Susana Camarero ha señalado que la política migratoria “exige hoy más que nunca rigor, responsabilidad y visión de Estado, ya no sirve la improvisación”. Ha recalcado que la inmigración “no es una opción ideológica es una realidad que convive con nosotros” que “bien gestionada contribuye al crecimiento, pero que sin un marco regulatorio, claro, previsible y eficaz los efectos positivos se diluyen y aparecen disfunciones”.
Camarero ha concluido su intervención, defendiendo “una inmigración regular, ordenada y vinculada a las necesidades reales de nuestro mercado laboral” y ha advertido sobre “los cuellos de botella administrativos” generados por el Gobierno, que “están lastrando el acceso al trabajo” en la Comunitat, especialmente en lo relativo a los permisos de trabajo y a la homologación de títulos.