La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de CGT (FETAP-CGT) ha señalado que el reciente fallo del Tribunal Supremo sobre el personal interino implica, aunque solo de forma parcial, un reconocimiento del abuso de la temporalidad en el sector público y, al mismo tiempo, introduce una lectura restrictiva de la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la sentencia Obadal.
Según recuerda el sindicato, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha establecido que únicamente podrán consolidar la condición de empleados fijos aquellos interinos que hayan superado previamente una prueba de acceso al empleo público. Esta decisión, a juicio de la organización, frustra las expectativas de estabilidad de miles de personas que han trabajado durante años encadenando contratos temporales en distintas administraciones.
CGT sostiene que la interpretación que hace el Supremo del caso Odabal, en el que se declaró fija a una trabajadora que sí había pasado un proceso selectivo, queda muy acotada al limitarse a remitir al resto de afectados a la inspección de trabajo. Con ello, entiende que se admite el abuso de la temporalidad por parte del empleador público, pero sin ofrecer una reparación suficiente para quienes lo han sufrido.
Por este motivo, el sindicato tacha de “insuficiente” la respuesta del Alto Tribunal y recuerda que el TJUE exige la adopción de medidas “efectivas, disuasorias y proporcionadas” frente al uso indebido de contratos temporales, por lo que la resolución del Supremo no puede considerarse una herramienta “eficaz” frente al abuso “estructural” de la temporalidad.
En un comunicado, la organización añade: “Tampoco compartimos que el Supremo mantenga una interpretación tan estrecha de la fijeza cuando durante años las Administraciones han utilizado personal temporal para cubrir necesidades permanentes. El abuso no puede resolverse haciendo recaer sobre la persona trabajadora las consecuencias de la mala gestión administrativa”.