La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento contra España debido a la demora en la incorporación de las actualizaciones de la cuarta directiva anti-blanqueo de capitales y por la implementación incompleta de ciertas medidas estipuladas en el reglamento sobre transferencia de fondos.
El Ejecutivo español dispone de un plazo de dos meses para dar respuesta a esta ‘carta de emplazamiento’, pero si las explicaciones no satisfacen a la Comisión, esta podría llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Otros países bajo la lupa de la Comisión
Además de a España, la Comisión ha abierto expedientes a Bélgica, Polonia y Portugal por no adaptar a tiempo las modificaciones de la cuarta directiva anti-blanqueo de capitales, introducidas por el Reglamento sobre transferencia de fondos, y por no haber comunicado a Bruselas las normativas sobre sanciones administrativas y otras medidas relativas a las infracciones del reglamento.
Esta legislación sobre la transferencia de fondos reemplaza y extiende el alcance del reglamento anterior sobre la información que debe acompañar a las transferencias de fondos, y modifica la directiva contra el blanqueo de capitales.
La finalidad de estos cambios es establecer nuevos requisitos para fortalecer la prevención del blanqueo de capitales, especialmente a través del mal uso de los criptoactivos.
















