El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incoado un expediente sancionador contra una inmobiliaria que gestiona miles de pisos en distintas comunidades autónomas, tras detectar que podría estar vulnerando la normativa con hasta cuatro tipos de infracciones.
Según la investigación de Consumo, entre las posibles irregularidades figuran la obligación impuesta a la parte arrendataria de contratar un seguro de impago, así como la inclusión en el contrato de adhesión de una cláusula de reconocimiento de negociación individualizada.
Además, el departamento evalúa como presuntas infracciones la fijación de una penalización "desproporcionada" por cada día de retraso en la entrega de la vivienda, junto con la incorporación de una cláusula que traslada al inquilino gastos y sanciones "injustificados" vinculados a los equipos de suministro y a los cambios de titularidad de los mismos.
El Ministerio sostiene que estas conductas podrían encajar en la figura de cláusulas abusivas y, en consecuencia, dar lugar a sanciones de hasta 1 millón de euros por cada una de ellas o a multas equivalentes a entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
En una nota informativa, la Dirección General de Consumo subraya que la apertura de este tipo de expedientes "no prejuzga el resultado final de la investigación".
En abril, Consumo confirmó una sanción de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra sus arrendatarios, al apreciar seis infracciones calificadas como muy graves y una más como grave.
Según la resolución, estas cláusulas "vulneraban el derecho de los consumidores y aprovechaban la posición de predominio del mercado" de Alquiler Seguro.
La decisión adquirió firmeza y agotó la vía administrativa después de que el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, resolviese el recurso de alzada presentado, ratificando así el expediente sancionador abierto por la Dirección General de Consumo a esta inmobiliaria por prácticas abusivas.