La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha expresado su rechazo a la iniciativa acordada entre Junts y el Gobierno de España, que obligaría a las compañías con más de 250 empleados a ofrecer atención al cliente en catalán. Esta medida, según la CEIM, «atenta contra la libertad empresarial».
Junts ha confirmado que ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno para una modificación legislativa que exigiría a los servicios de atención al cliente proporcionar la opción de comunicarse en catalán a los consumidores que contraten servicios en Cataluña, sin importar la ubicación de la sede de la empresa.
«Los empresarios de Madrid exigimos al Gobierno respeto a la libertad de empresa, en una economía regida por el intercambio y los precios en condiciones de igualdad, y dejar de lado las imposiciones, que tanto dañan la competitividad empresarial. Es inaceptable que se introduzca la política en las iniciativas empresariales. Debe respetarse el margen de autonomía de dirección para el empresario, característica inherente a cualquier empresa privada, sino estaríamos hablando de una empresa pública», ha subrayado en un comunicado.
La patronal de Madrid ha destacado que las empresas con operaciones o relaciones comerciales en Cataluña ya ofrecen comúnmente esta posibilidad de manera voluntaria, «sin necesidad de imposiciones». Además, han lamentado que no se haya consultado a las empresas afectadas directamente antes de decidir esta medida.
«Pese a que la medida puede ser comprensible desde una perspectiva nacionalista (Junts), sorprende que el Gobierno, que debería velar por el interés general, acepte intervenir en la libertad de empresa e imponga esta medida a empresas radicadas fuera de Cataluña. Obedece solamente a un acuerdo político ajeno al interés general, que implica contentar a los nacionalistas y seguir en el poder», han acusado desde CEIM.
En un entorno de «un incremento de la presión fiscal y de los costes sociales sobre las empresas», la CEIM ha advertido que esta obligación podría llevar a que las empresas de sectores esenciales «tuvieran que implementar un servicio de atención al cliente en catalán con el sobrecoste que ello implicaría y la merma de la productividad, que parece ser la última preocupación del Gobierno».
«Lejos de velar por el interés general, el Ejecutivo está aceptando intervenir en la libertad de empresa solo por contentar a los nacionalistas y seguir en el poder. Es intolerable introducir obligaciones, burocracia, costes y disfunciones por razones meramente políticas», han zanjado.