La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha arrestado este jueves al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y al consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli, en el marco de una operación en la que también se ha procedido al registro de las oficinas centrales de la compañía por un presunto delito de blanqueo.
Según han indicado a Europa Press fuentes consultadas por Europa Press, la causa se instruye en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid y permanece, por ahora, bajo secreto de sumario, sin que hayan trascendido más detalles sobre el alcance de las diligencias.
Este mismo juzgado fue el que en enero de 2023 acordó el archivo del procedimiento en el que se examinaban posibles irregularidades en la concesión pública a Plus Ultra de 53 millones de euros durante la pandemia, una ayuda que se canalizó a través del fondo de apoyo a empresas estratégicas.
En aquella ocasión, la jueza Esperanza Collazos concluyó en un auto que el rescate de la aerolínea había sido aprobado por el Consejo de Ministros, de modo que los investigados «carecían de capacidad de decisión», después de que la Audiencia de Madrid diera la razón a la aerolínea y estableciera que no procedía acordar la declaración como investigado de su representante legal porque se habían «agotado el plazo de 12 meses previsto» para el desarrollo de las pesquisas.
«Con los datos obrantes en autos, habida cuenta que no es posible la práctica de otra diligencia en la causa, se ha sembrado una duda razonable sobre la comisión de algún tipo penal, en cuanto a las personas físicas y jurídicas frente a las que se ejercitó la acción penal, en el bien entendido que ellas carecían de capacidad de decisión, que se encontraba situada en el Consejo de Ministros que fue el órgano que acordó y aprobó la subvención a la mercantil Plus Ultra», explicó la magistrada en su resolución, en la que dio por concluida aquella investigación.











