La concesionaria Desarrollo Vial de los Andes (Deviandes) ha presentado una demanda contra el Estado peruano ante un tribunal federal de Estados Unidos para exigir el cobro de 99,4 millones de dólares (85,8 millones de euros), cuantía que le fue otorgada mediante un laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
La actual operadora de la Carretera Central, principal vía que enlaza Lima con la zona centro del país, ha advertido de que un pronunciamiento favorable de la Justicia estadounidense “podría habilitar medidas de ejecución contra los activos del Estado peruano en el extranjero, incluidos los embargos” en caso de que no se satisfaga el pago fijado.
El laudo del Ciadi, emitido en noviembre de 2024, concluyó que Perú vulneró el procedimiento previsto para la recepción formal de las obras finalizadas y no tomó las acciones necesarias para garantizar el restablecimiento del orden público tras las protestas que impidieron la puesta en marcha del peaje de Ticlio, un enclave clave de acceso hacia el centro del país.
La colocación de la garita de peaje en Ticlio, el tramo de mayor altitud de la carretera, situado a 4.800 metros sobre el nivel del mar, desencadenó en 2018 el cierre de la vía por parte de los transportistas, que reclamaban al Gobierno la cancelación de la concesión.
El Ciadi también subrayó que el Estado peruano obstaculizó que Deviandes explotara con normalidad la estación de peaje y obtuviera los ingresos contemplados en el contrato.
“El proceso judicial en Estados Unidos forma parte de los mecanismos internacionales disponibles para hacer cumplir laudos arbitrales contra Estados soberanos, especialmente cuando los pagos ordenados no se realizan voluntariamente”, ha señalado Deviandes.
Arbitraje internacional por 2.329 millones
La filial del fondo Brookfield Asset Management, Rutas de Lima, vio limitada su capacidad para cobrar peajes en la capital, lo que, según la compañía, “destruyó su viabilidad financiera”. La empresa sostiene que Perú ha rechazado distintos laudos arbitrales por un importe superior a 700 millones de soles (176,2 millones de euros).
En este contexto, el grupo canadiense puso en marcha en octubre del año pasado un procedimiento de arbitraje contra el Estado peruano al amparo del tratado de libre comercio entre Perú y Canadá. Brookfield valora sus activos en 2.700 millones de dólares (2.329 millones de euros), cifra que reclama como indemnización.