La Asociación Española para la Digitalización, conocida como DigitalES, ha mostrado su apoyo al nuevo Proyecto de Ley de Servicios de Atención al Cliente, no obstante, ha expresado reservas sobre ciertas enmiendas que podrían ser “contraproducentes”, según palabras de Miguel Sánchez Galindo, director general de esta agrupación empresarial.
En cuanto a la atención en idiomas oficiales, la asociación recalca que las compañías miembro ya cubren los derechos lingüísticos mediante diversos métodos de comunicación, de manera que formar al personal completo en todas las lenguas cooficiales no sería necesario. “Obligar a ello supondría una carga desproporcionada, especialmente en sectores con alta rotación y en regiones donde no existe suficiente disponibilidad de profesionales con ese perfil. Además, la Ley (Vid. Art. 7, 13 y 29bis de la norma) ya reconoce el derecho de los clientes a ser atendidos en la lengua de su comunidad autónoma, por lo que imponer nuevas obligaciones resultaría redundante e incluso incoherente con el resto del articulado”, argumentó Sánchez Galindo.
Además, desde DigitalES se sugiere reconsiderar el requisito de que el 95% de las llamadas sean respondidas en menos de tres minutos, considerándolo “un nivel de exigencia excesivo si se compara con servicios críticos”. Sánchez Galindo opina que cumplir con esta norma obligaría a incrementar el tamaño de las plantillas de forma innecesaria en un sector con márgenes económicos limitados, lo que podría comprometer la estabilidad laboral y afectar la calidad del servicio. Desde la organización se propone ajustar este porcentaje al 90%.