QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La asociación europea que agrupa a las principales distribuidoras eléctricas ha señalado que España continúa afrontando un escenario de inestabilidad regulatoria y que la tasa de rentabilidad financiera (TRF) planteada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para el próximo periodo regulatorio 2026-2031, fijada en el 6,58% para las redes eléctricas, sigue situándose por debajo de los parámetros de referencia internacionales, “lo que podría reducir el interés de los inversores”.
En un informe conjunto elaborado por E.DSO -organización que integra a los 38 mayores operadores de sistemas de distribución eléctrica del continente- y GEODE, se examina de qué manera los marcos de regulación de ingresos en siete Estados miembros de la UE -Austria, Finlandia, Irlanda, Italia, Polonia, España y Suecia- permiten a los gestores de redes de distribución eléctrica planificar, obtener financiación y ejecutar las inversiones imprescindibles para reforzar la infraestructura de distribución y avanzar en la transición energética.
Según este análisis comparativo, España es el país con peor valoración entre los principales mercados europeos estudiados, con especial desventaja en los indicadores de WACC, grado de previsibilidad regulatoria y equilibrio entre Capex y Opex. En el extremo opuesto se sitúan Italia y Austria, donde la mayoría de los aspectos evaluados reciben una calificación positiva.
La asociación remarca que, en relación con el WACC (Coste Medio Ponderado de Capital) -la metodología comúnmente utilizada por los reguladores europeos para determinar la tasa de retribución de las actividades reguladas en el sector eléctrico y del gas natural- propuesto en España para el periodo 2026-2031, “aunque superior al nivel actual, se mantiene por debajo de los índices de referencia ajustados al riesgo y sigue poniendo en peligro la atracción de capital para el nivel de inversión necesario”.
Al mismo tiempo, advierte de que España “continúa enfrentándose a la inestabilidad regulatoria, con planes de inversión para 2023-2025 pendientes de aprobación formal y la remuneración de los operadores de sistemas de distribución a partir de 2023 aún sin publicar”.
Inseguridad jurídica y retrasos en la recuperación de costes
En esta línea, el documento insiste en que “persiste la inseguridad jurídica debido a las inspecciones ex post de las inversiones finalizadas sin criterios predefinidos, lo que genera inconsistencias procesales y retrasa la recuperación de costes”.
“La ausencia de una metodología de remuneración estable continúa debilitando la confianza de los inversores y ralentizando el avance de las inversiones en la transición energética”, añade el texto, aludiendo al impacto que esta situación tiene sobre la capacidad de las distribuidoras para desplegar nuevas infraestructuras y modernizar la red.
Asimismo, E.DSO y GEODE recuerdan que la directiva 2019/944 de la UE, que contempla la elaboración de planes nacionales de desarrollo de la distribución y una mejora sustancial de la información facilitada al cliente, todavía no ha sido traspuesta ni aplicada en España, lo que agrava la percepción de incertidumbre regulatoria en el sector.
