El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha puesto en marcha una consulta pública previa para introducir cambios en el reglamento de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, con la intención de ajustarlo a nuevas actividades y riesgos emergentes, entre ellos el entorno de los criptoactivos, según se detalla en el documento difundido en la página web del departamento.
Economía recuerda que el reglamento lleva más de una década en vigor y subraya que resulta necesario revisarlo a la luz de las transformaciones socioeconómicas de los últimos años y de la evolución del propio sistema de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
En esta línea, el ministerio plantea una actualización del reglamento que tenga en cuenta la evolución de los métodos y tipologías de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, el surgimiento de nuevas actividades económicas y amenazas —como las vinculadas al ámbito de los criptoactivos— y los cambios en los estándares internacionales fijados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Paralelamente, Economía avanza que abordará la transposición del paquete antiblanqueo europeo, integrado por la Directiva (UE) 2024/1640 y el Reglamento (UE) 2024/1624. Precisa que la parte principal de este paquete se incorporará al ordenamiento jurídico español mediante una norma con rango de ley que se está tramitando de forma simultánea, si bien adelanta que determinados aspectos de menor calado pueden ya incorporarse al reglamento español para mantener al día el sistema de prevención del blanqueo de capitales.
Del mismo modo, el departamento considera imprescindible, tras más de diez años de aplicación, corregir varias deficiencias detectadas en el reglamento actual, entre ellas la necesidad de regular de forma adecuada la obligación de los sujetos obligados de nombrar representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).
Economía aclara que la opción elegida pasa por modificar parcialmente el reglamento vigente para ajustarlo a los nuevos escenarios, descartando tanto su derogación completa como la redacción de un texto reglamentario totalmente nuevo.
La consulta pública previa permanecerá abierta hasta el 3 de febrero, plazo durante el cual los agentes potencialmente afectados y las organizaciones más representativas podrán trasladar sus aportaciones y observaciones.