Finanzas para Todos, el programa de educación financiera en el que colaboran el Ministerio de Economía, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha subrayado que aprovecharse de información privilegiada para operar en bolsa supone una ruptura de la confianza en los mercados.
Estas tres instituciones han difundido este mensaje en una nota pública pocos días después de conocerse la sanción impuesta por la CNMV al exfutbolista Gerard Piqué y al empresario José Elías por el uso de información privilegiada vinculada a la oferta de Atrys Health para adquirir Aspy.
De acuerdo con una resolución del supervisor fechada el 22 de abril, los hechos se consideran infracciones calificadas como "muy graves", motivo por el que el deportista ha recibido una multa de 200.000 euros y el fundador de Audax Renovables ha sido sancionado con 100.000 euros.
"La confianza es uno de los pilares fundamentales de los mercados financieros. Por eso, prácticas como el uso de información privilegiada están prohibidas: rompen la igualdad de acceso a la información entre inversores y generan ventajas injustas", han afirmado CNMV, Banco de España y el Ministerio de Economía.
Los organismos han precisado que la información privilegiada es aquella información relevante sobre una empresa o un activo financiero que aún no se ha hecho pública y que, en caso de difundirse, podría afectar al precio de las acciones u otros productos financieros. "Utilizar esa información para comprar o vender activos antes de que el resto del mercado tenga acceso a ella está prohibido porque rompe uno de los principios básicos de los mercados financieros: la igualdad de acceso a la información", han detallado.
En esta línea, han señalado que en estas conductas pueden verse implicados asesores, abogados, empleados, familiares o cualquier persona que disponga de datos sensibles y los emplee para obtener un beneficio económico o los transmita a terceros, vulnerando su deber de confidencialidad.
Frente a ello, CNMV, Banco de España y el Ministerio han insistido en que analizar empresas, revisar sus balances o seguir la información económica constituye una práctica de inversión legítima. "Lo que está prohibido es aprovechar información relevante que todavía no es pública para usarlo en beneficio propio", han rematado.