El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC, por sus siglas en inglés), ha aprobado una financiación de 565 millones de dólares (479 millones de euros) para Serra Verde Group, la compañía minera brasileña que explota el mayor yacimiento de tierras raras situado fuera de China, según detalló la empresa en un comunicado.
Dentro de este acuerdo se contempla además una opción para que la Administración Trump “adquiera una participación accionaria minoritaria en Serra Verde”, tal y como precisa la firma.
El capital se empleará en refinanciar las actuales líneas de crédito en condiciones más ventajosas y, sobre todo, en reforzar las operaciones de Serra Verde en Brasil mediante la ampliación de su capacidad productiva, la mejora de la calidad de su oferta para acceder a nuevos mercados y la consecución de un perfil de costes operativos más reducido y estable en el tiempo.
La compañía subraya que el desarrollo del proyecto se mantiene dentro del presupuesto previsto y avanza por delante del calendario establecido, lo que permite que la minera esté “bien encaminada” para alcanzar una producción de 6.500 toneladas de óxido de tierras raras a finales de 2027.
“Agradecemos profundamente el apoyo del gobierno de Estados Unidos y esperamos colaborar con él para construir nuevas cadenas de valor independientes”, afirmó el consejero delegado de Serra Verde, Thras Moraitis.
Las instalaciones de Serra Verde se encuentran en una región minera del centro de Brasil, en el estado de Goiás. El material que extrae presenta una elevada concentración de disprosio, terbio y otros elementos pesados de tierras raras considerados críticos, imprescindibles para la fabricación de componentes de alta tecnología utilizados en sectores como el automovilístico, el sanitario, las energías renovables, la electrónica, la robótica, la defensa y la industria aeroespacial.
Washington está reforzando sus alianzas internacionales en el ámbito de las tierras raras con socios como la Unión Europea, Japón y México, con el objetivo de reducir la dependencia del dominio chino en la producción mundial de estos materiales estratégicos.