EFPA España ha mostrado su respaldo al acuerdo provisional recientemente alcanzado entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo en relación con la Estrategia de Inversión Minorista (Retail Investment Strategy, RIS), impulsada por la Comisión Europea.
La entidad detalla en un comunicado que esta iniciativa pretende actualizar y simplificar las reglas de protección para los pequeños inversores, al tiempo que busca incentivar su presencia en los mercados financieros.
EFPA España defiende que este nuevo marco regulatorio debe reforzar la protección de los inversores y subraya su labor para que los asesores financieros desempeñen un papel “relevante” en la mejora de la forma de invertir y, en general, del nivel de educación financiera.
Al mismo tiempo, recalca que la versión definitiva de la estrategia debería evitar una normativa “excesivamente formalista y con demasiadas cargas administrativas”, con el fin de no frenar el acceso de los clientes particulares al asesoramiento profesional. En esta línea, la asociación valora positivamente la simplificación recogida en el acuerdo, aunque mantiene su inquietud por el riesgo de que la aplicación práctica pueda ir en contra de un “buen asesoramiento”.
La organización considera que esta Estrategia de Inversión Minorista contribuirá a una mayor claridad en materia de costes y comisiones y ayudará a que los inversores minoristas entiendan mejor los riesgos, siempre con el apoyo esencial de asesores debidamente cualificados.
Asimismo, al promover la educación financiera y reforzar la supervisión sobre los 'finfluencers' --aquellos 'influencers' que realizan contenidos sobre el ámbito financiero--, entiende que se favorecerá que los ahorradores se sientan “más seguros” a la hora de tomar decisiones de inversión. “En definitiva, RIS aportará la confianza necesaria para lograr los objetivos de la Unión de Ahorros e Inversiones”, remarca.
Próximos pasos
Por último, apunta que, tras este acuerdo político, los trabajos técnicos sobre esta estrategia se prolongarán hasta comienzos de 2026, con el objetivo de cerrar los textos legales definitivos.
Una vez concluidos, deberán ser aprobados formalmente por el Parlamento Europeo y por el Consejo antes de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Tras dicha publicación, los Estados miembros contarán con un plazo de 24 meses para incorporar las nuevas disposiciones a sus ordenamientos nacionales.