El crecimiento de las plataformas de alquiler vacacional de corta estancia, con Airbnb a la cabeza, ha alterado de forma profunda las dinámicas económicas de las ciudades. Estas herramientas han trasladado el turismo al interior de los barrios residenciales y han generado efectos "tan sustanciales como ambivalentes", de acuerdo con un documento de trabajo de Fedea que analiza 429 estudios internacionales sobre este mercado y las políticas aplicadas para regularlo.
Según el informe, el efecto más claro se produce en el mercado inmobiliario. La generalización de estos alojamientos reduce el parque disponible para alquiler residencial de larga duración y traslada al precio de venta las rentas turísticas esperadas. El resultado son incrementos en el valor de los inmuebles y en las rentas del alquiler, que recaen principalmente sobre los inquilinos, mientras que los dueños de las viviendas y los anfitriones profesionales concentran la mayor parte de las ganancias.
En paralelo, los investigadores destacan que los alquileres de corta duración desplazan el gasto turístico hacia los vecindarios, reforzando la actividad y el empleo en restauración, ocio y servicios de consumo. Asimismo, incentivan obras de reforma y renovación en viviendas y locales comerciales, sobre todo en áreas con poca presencia hotelera previa y escasa densidad comercial.
Este impulso económico lleva aparejados efectos colaterales sobre el tejido comercial y el día a día de los residentes. En zonas con elevada densidad de pisos turísticos se multiplican los negocios dirigidos al visitante en perjuicio del comercio tradicional de barrio, aumenta la rotación de población y se agravan los problemas de ruido, saturación y deterioro de la calidad de vida, además de procesos de desplazamiento residencial y "turistificación" del comercio.
El trabajo examina también la evidencia sobre el impacto en la industria hotelera. La oferta de corta estancia intensifica la competencia, presiona a la baja las tarifas, en particular en los establecimientos de menor categoría, y traslada parte del excedente hacia los consumidores, obligando a los hoteles a adaptar su capacidad, su posicionamiento y sus estrategias comerciales.
Ante este escenario, Fedea destaca que las administraciones han puesto en marcha un abanico muy amplio de medidas: desde vetos y límites cuantitativos hasta sistemas de licencias, obligaciones de registro y exigencias de intercambio de información. No obstante, advierte de que la literatura académica todavía no proporciona una evaluación integral y comparada sobre la efectividad de cada modelo regulatorio ni sobre su capacidad para compatibilizar los beneficios de eficiencia con los costes distributivos y las externalidades que se generan en los barrios.