El incremento de situaciones de impago ha elevado de forma notable el riesgo económico que asume el propietario en el mercado del alquiler. Aunque la normativa vigente fija derechos y obligaciones para las dos partes del contrato, el reparto del riesgo "no siempre es simétrico", tal y como ha señalado este viernes en un comunicado la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG).
Según las cifras recogidas en su informe, cada año se tramitan en España miles de procedimientos de desahucio por falta de pago, y el plazo medio para que el dueño recupere la posesión de la vivienda puede superar los 10 meses desde el primer "incumplimiento".
En este escenario, SEAG subraya en su análisis que, pese a que tanto arrendador como arrendatario se enfrentan a diversas "incertidumbres", es el propietario quien soporta el "mayor riesgo económico y patrimonial", sobre todo en situaciones de "impago".
En el caso del arrendador, este pone "en juego" un bien patrimonial y la estabilidad de sus ingresos, de modo que se ve expuesto a episodios de "impago" de la renta que acaban generando costes judiciales, posibles desperfectos en el inmueble y una merma directa de la rentabilidad esperada.
Por su parte, el inquilino se arriesga a perder la fianza o a tener que asumir los daños ocasionados durante la vigencia del contrato, ya sea por el uso de la vivienda, por responsabilidades ligadas a problemas de habitabilidad o por la gestión de los suministros.
"El inquilino arriesga su fianza, pero el propietario puede ver comprometida su inversión durante meses o años", ha afirmado la responsable de jurídico de SEAG, Daniela Salinas.
El coste total del impago puede superar los 15.000 euros
En cuanto a las consecuencias económicas derivadas del impago, SEAG advierte de que el desembolso total puede superar los 15.000 euros, transformando el alquiler en un "foco de costes" para el arrendador en lugar de constituir una fuente estable de ingresos.
La parte más relevante del impacto económico procede de las mensualidades no abonadas, que suponen entre el 70% y el 80% del coste global. De acuerdo con el análisis, si se toma como referencia la duración media de un procedimiento judicial y rentas mensuales de entre 800 y 1.000 euros, la cuantía puede situarse entre 10.000 y 13.000 euros.
A esta cifra hay que añadir los gastos legales, que representan entre el 5% y el 10% del total, con desembolsos que oscilan entre 800 y 1.500 euros en concepto de abogados, procurador y tasas.
Asimismo, deben contemplarse los posibles daños ocasionados en la vivienda, que pueden suponer entre el 10% y el 15% del coste total, con importes de entre 1.500 y 3.000 euros según el estado en que se recupere el inmueble.
Existen, además, otros costes asociados, como recibos de suministros impagados (luz, agua), cuotas de comunidad o tasas municipales, que pueden añadir entre 500 y 1.000 euros adicionales.
En conclusión, SEAG insiste en la "necesidad" de equilibrar la protección de propietarios e inquilinos para asegurar el "buen funcionamiento del mercado" del alquiler.