Representantes de la mayoría sindical del comité de empresa de Tubos Reunidos han comparecido en el Parlamento Vasco para denunciar que la actuación de las instituciones públicas ha sido hasta ahora "insuficiente" a la hora de exigir transparencia a la dirección, supervisar el dinero público inyectado y promover salidas acordes a la gravedad del momento, que requiere "decisiones responsables" y un giro en la estrategia, dado que el ERE presentado como "imprescindible, no ha solucionado nada".
La intervención se ha desarrollado este martes ante la Comisión de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Parlamento Vasco, donde se les había convocado para que ofrecieran "una valoración directa y la preocupación existente en torno al proceso de despido colectivo y expusieran la necesidad de abrir un debate real sobre el futuro industrial de la empresa".
En sus exposiciones iniciales y en las réplicas a los grupos, los portavoces del comité han reiterado que "el problema de fondo ha sido y sigue siendo financiero, agravado por decisiones de gestión y dirección" y por un diagnóstico "erróneo" que, según han remarcado, no deriva "ni de las condiciones de la plantilla ni de la huelga convocada", pese a que desde la dirección se ha difundido "interesadamente" ese mensaje para alimentar la confrontación entre trabajadores.
Han insistido en que el origen de la crisis está en la "abultada deuda" generada en 2008 con un crédito de 170 millones que se repartió entre los accionistas y pasó a engrosar el pasivo de la compañía, y han reprochado a la dirección no haber asegurado la continuidad del proyecto industrial.
A su entender, todo el itinerario que ha llevado al concurso de acreedores se ha caracterizado por una "evidente falta de transparencia", sin "un espacio real de negociación y sin la participación efectiva de la representación de la plantilla, mediante decisiones planteadas desde la imposición, sin compartir información clave ni permitir un contraste real de alternativas".
En este contexto, han rememorado que el ERE presentado como "imprescindible, no ha solucionado nada, precisamente porque no abordaba el problema real de la empresa y que su suspensión, junto con la solicitud de concurso a acreedores, pone de manifiesto que las medidas planteadas estaban mal orientadas desde el origen".
Pese a ello, y recalcando que desde el comité mantienen "la mano tendida", han señalado que el concurso de acreedores "no es una buena noticia y refleja la gravedad de la situación pero, al mismo tiempo, abre una nueva fase en la que, por primera vez, debería ser posible una interlocución real, con transparencia, con información completa y con la participación de todas las partes implicadas".
Han considerado que la suspensión del ERE y la paralización del despido colectivo suponen "un punto de inflexión que permite reorientar el debate hacia donde siempre debió estar" y que, "a partir de aquí, el foco debe situarse en el verdadero núcleo del problema: la viabilidad industrial del proyecto y su sostenibilidad financiera".
Por este motivo, han explicado que la suspensión de la huelga indefinida pretende "hacer ver que la plantilla apuesta de forma clara por facilitar al administrador concursal una solución que no sean ni despidos, ni el cierre de la acería, ni la externalización de la logística".
Papel de las instituciones y uso del dinero público
En su intervención han interpelado directamente a las administraciones, al considerar que su implicación ha sido "insuficiente en términos de exigencia, transparencia e impulso de soluciones acordes a la gravedad de la situación". "La situación actual exige decisiones responsables, transparencia y un cambio claro de enfoque", han recalcado.
Han señalado que en las reuniones mantenidas con diferentes consejerías siempre se les ha trasladado la intención de contactar con la SEPI para refinanciar la deuda, pero que "luego nos damos cuenta de que todo el mundo habla de Tubos Reunidos, pero nadie habla con Tubos Reunidos", han lamentado.
Según han explicado, la dirección no se reúne con el comité desde el 13 de marzo y "para nada" ha querido entablar diálogo, cuando, a su juicio, "los conflictos se solucionan hablando, pero ellos no tienen ninguna intención de hacerlo".
En relación con la quita de la deuda con la SEPI, han sostenido que no ha existido un control efectivo sobre el destino del dinero público recibido, ya que, tal y como han indicado, "se ha pagado mucha deuda, pero privada, porque se dice que la pública es impagable, pero la privada, a accionistas como BBVA, sí se ha ido pagando".
Sobre la fiscalización de SEPI, han relatado que, en todas las reuniones con la dirección, se les aseguraba que el organismo estatal estaba informado de cada paso, pero ahora se preguntan si realmente SEPI conocía que se abonaba deuda privada en lugar de deuda pública y "por qué lo ha asumido".
Reacciones de los grupos parlamentarios
Los distintos grupos del Parlamento Vasco han expresado su apoyo a la plantilla. Jon Hernández, de Sumar, y Ander Goikoetxea, de EH Bildu, han ido más allá, centrando sus críticas en la responsabilidad de la propiedad y de los gestores de la compañía.
Hernández ha censurado que la empresa no haya presentado un auténtico plan de viabilidad y que se haya limitado a intentar trasladar las pérdidas de los últimos años a la plantilla mediante despidos. Goikoetxea, por su parte, ha definido la movilización de los trabajadores como "una lucha ejemplar" que "ha dejado en evidencia que "el problema nunca estuvo en la plantilla y que la solución nunca pasó por el cierre de la acería ni por los despidos".
Desde el PSE-EE, Jorge Juez ha reivindicado la actuación de los socialistas en los gobiernos vasco y español, asegurando que "siempre están del lado de la industria, el empleo y de los trabajadores", y ha reclamado actuar con rigor y responsabilidad.
En esa línea, ha defendido la necesidad de plantear alternativas concretas, trabajar con seriedad en opciones de refinanciación, atraer nuevos socios industriales y garantizar que todo el procedimiento se desarrolle con plenas garantías legales.
El representante del PNV, Markel Olano, ha admitido que la coyuntura es "grave y muy dura" y, aunque ha reiterado la solidaridad de su formación, ha advertido de que "la solidaridad no es suficiente, porque hacen falta acciones y soluciones reales, no palabras bonitas".
Ha añadido que "echar culpas y responsabilidades a los demás tiene un recorrido muy corto porque no da solución a los problemas de base" y ha subrayado que, para su partido, la prioridad en esta nueva fase del concurso de acreedores es "garantizar la viabilidad del proyecto".
Por último, Álvaro Gochi, del PP, ha afirmado que en materia industrial y en la gestión de empresas en crisis se vive una especie de "día de la marmota perpetuo en Euskadi, porque en dos años de legislatura hemos visto pasar ya una serie de empresas y parece que no aprendemos nada, no estamos avanzando ni controlando las cosas, ni apuntando a los responsables para que esto no vuelva a pasar".
"Cuando hablamos de responsables, evidentemente hay que hablar de los responsables de la empresa, pero también de las instituciones, que han sido los grandes ausentes", ha concluido.