Nueve de cada diez empresas constructoras españolas han sufrido ya un impacto económico de intensidad media o alta a raíz del conflicto en Oriente Próximo, de acuerdo con un informe difundido este martes por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).
Ese mismo 90% de compañías del sector considera que su continuidad puede quedar en entredicho si la situación actual se prolonga en el tiempo o no se ponen en marcha medidas que compensen el "fuerte" encarecimiento de la energía, los combustibles y las materias primas, según detalla la patronal en una nota.
Más del 60% de las constructoras declara subidas superiores al 20% en el coste de los carburantes y una de cada cuatro eleva ese incremento por encima del 30%. A la vez, el 83% de las firmas consultadas afirma haber soportado aumentos del precio de la electricidad de hasta el 20%.
Asimismo, tres de cada cuatro compañías calculan que el impacto sobre sus costes globales se sitúa entre un 5% y un 20%, mientras que únicamente un 3% ha logrado reabrir la negociación de los presupuestos de los contratos firmados con anterioridad a la crisis derivada del conflicto, originado por la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán.
La encuesta constata también que ocho de cada diez constructoras se han visto obligadas a absorber por completo los sobrecostes, sin posibilidad de repercutirlos o compartirlos con sus clientes.
Pese a este escenario, el 44% de las empresas no contempla en ningún caso recortar su actividad —aunque un tercio sí se plantea hacerlo a corto plazo— y el 78% no valora reducir su plantilla. Es más, la mayoría sostiene que esta sería la última medida a adoptar, "dados los problemas actuales de falta de mano de obra en el sector", según recoge el "Informe sobre el impacto del conflicto en Oriente Medio en las empresas del sector" —elaborado a partir de una encuesta lanzada el 17 de abril, con 400 respuestas válidas—.
En este contexto, la organización empresarial "vuelve a reclamar" al Gobierno cambios en la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley de Desindexación, con el objetivo de dejar fuera de su ámbito a los contratos públicos y habilitar sistemas automáticos de revisión de precios que "garanticen la viabilidad de los proyectos y eviten un freno en la construcción de viviendas e infraestructuras estratégicas para España".
Ante este escenario de "incertidumbre radical", el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, exige "estabilidad y seguridad jurídica" para las compañías del sector.
"Resulta imprescindible avanzar en el reequilibrio de precios en los contratos públicos y que el Gobierno actúe de forma coordinada, teniendo en cuenta que ya es una de las principales causas del deterioro de la contratación y que tanto afecta a las pymes y sus trabajadores", advierte.