El Pleno del Congreso tiene previsto debatir este martes una proposición no de ley de Sumar que plantea endurecer la regulación de los préstamos rápidos en España y ampliar el ámbito de los créditos sometidos a normativa, suprimiendo el actual umbral de 200 euros.
En su iniciativa, el grupo plurinacional advierte de que en algunos casos estos productos financieros aplican intereses de hasta el 4.000%, 5.000% e incluso 59.000% TAE, lo que, unido a la falta de transparencia en la contratación, conduce a muchos prestatarios a “espirales de pagos imposibles”.
El diputado de En Comú que impulsa esta propuesta, Félix Alonso, subraya además que la legislación española vigente no establece una reserva de actividad para la concesión de crédito. Esto implica que numerosas compañías que otorgan préstamos inmediatos operan sin la supervisión del Banco de España y sin figurar en ningún registro oficial.
Vacío normativo y dificultades para reclamar
Esta situación provoca que, ante posibles abusos, los clientes se encuentren sin una vía clara para interponer demandas, ya que en ocasiones estas empresas, al no estar registradas, disuelven la sociedad y desaparecen. La propuesta señala que algunos tribunales consideran que no existe una regulación precisa ni un criterio objetivo para determinar cuándo un crédito es usurario y que el supervisor tampoco alude de forma específica a estos productos.
En este contexto, y tomando como referencia la Directiva Europea de 2023 sobre contratos de crédito al consumo, Sumar defenderá en el hemiciclo la necesidad de poner en marcha medidas que permitan regular los créditos rápidos, eliminar su carácter abusivo y reforzar la protección de los consumidores.
Definir la usura y reforzar la supervisión
Para alcanzar estos objetivos, el grupo plantea en su proposición no de ley, recogida por Europa Press, un conjunto de actuaciones. En primer término, propone fijar criterios claros que determinen qué se considera un préstamo abusivo y promover iniciativas que eviten costes de crédito desproporcionados o usurarios como los que ya han padecido determinados usuarios.
Asimismo, la iniciativa contempla la creación de un procedimiento de registro y supervisión para todos los prestamistas de crédito al consumo, de forma que sólo puedan operar aquellas entidades que acrediten solvencia suficiente y mantengan prácticas respetuosas con el consumidor.
Entre las medidas adicionales se incluye la obligación de utilizar modelos contractuales específicos para este tipo de financiación, que garanticen estándares adecuados de protección al cliente, someter a las compañías de crédito al consumo y de créditos rápidos al control del Banco de España y vetar la publicidad de estos productos cuando destaque la facilidad para obtener el dinero por encima de aspectos como el coste real del préstamo.
Uso de Inteligencia Artificial para detectar abusos
Por último, Sumar propone coordinarse con el resto de administraciones para llevar a cabo un estudio que emplee todos los recursos necesarios, incluida la Inteligencia Artificial, con el fin de localizar anuncios, posibles abusos y fraudes de estos prestamistas y, en su caso, imponer sanciones o promover acciones penales cuando proceda.