El Pleno del Congreso ha dado luz verde este jueves al Real Decreto-ley que permite actualizar de manera automática las tarifas del transporte de mercancías por carretera cuando los carburantes encarezcan su precio un 5%, con el único rechazo de Vox y el respaldo del resto de grupos de la Cámara.
Con esta normativa, el Ejecutivo busca garantizar que las oscilaciones en el coste del combustible se repercuten de forma efectiva en el precio del servicio de transporte.
Al tratarse de un decreto ley, la norma estaba vigente desde su aprobación en el Consejo de Ministros, pero, tal y como marca la Constitución, debía someterse al control del Congreso en un plazo máximo de treinta días para su convalidación o derogación.
Tras la votación de este jueves, el decreto queda definitivamente convalidado y continuará publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en los mismos términos en los que salió del Consejo de Ministros. Además, la Cámara Baja ha acordado tramitarlo como proyecto de ley, sin ningún voto en contra.
Apoyo al sector del transporte por la guerra
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido en el hemiciclo que el decreto responde a la situación excepcional derivada del conflicto en Oriente Medio, que ha encarecido los combustibles y está impactando en el transporte por carretera, integrado en gran medida por pequeñas y medianas empresas.
Con esta revisión automática de los precios, el Gobierno busca complementar la bonificación de 20 céntimos por litro de combustibles para los transportistas aprobada en el anterior decreto ley de rebajas fiscales en el ámbito energético como consecuencia del conflicto en Irán.
Las disposiciones de este nuevo decreto ley se concentran en el transporte de mercancías por carretera. La norma refuerza el carácter obligatorio y automático de la revisión del precio del transporte cuando se produzcan cambios en el coste del combustible, que deberán figurar de forma expresa en la factura, e incorpora un régimen sancionador específico en caso de incumplimiento.
Medidas para el transporte ferroviario y marítimo
Paralelamente, el texto contempla medidas concretas para el transporte ferroviario de mercancías, entre ellas una línea de ayudas directas para 2026 destinada a compensar el sobrecoste del combustible en las locomotoras diésel.
Estas subvenciones serán de 15.000 euros por cada locomotora en servicio, con una dotación global de 3,15 millones de euros, con el fin de evitar que el ferrocarril pierda competitividad frente a otros modos de transporte y asegurar su papel en la cadena logística.
Asimismo, se incrementan las ayudas destinadas a los servicios de transporte marítimo regular en siete millones de euros adicionales a los treinta previstos inicialmente, con el propósito de incluir de forma expresa a los servicios de carga pura entre puertos peninsulares y de los archipiélagos Balear y Canario, de Ceuta y de Melilla, y entre puertos de los propios archipiélagos.
Junto a estas medidas principales, el decreto introduce ajustes y precisiones en el marco normativo vigente, como la incorporación de determinados colectivos al sistema de ayudas ya aprobado en el decreto anterior (eurotaxis o taxis adaptados a personas con movilidad reducida) y la adaptación de las medidas a territorios con particularidades específicas como Ceuta y Melilla.