El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado la “colaboración de todos” para hacer efectivo el derecho a la vivienda y culminar las actuaciones de oficio abiertas con las distintas administraciones en esta materia. Ha advertido de que “solo un acuerdo entre las distintas administraciones podría lograr un avance sustantivo” para garantizar el acceso a una vivienda digna.
Gabilondo se ha pronunciado este martes en el Congreso de los Diputados, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, donde ha presentado un informe que detalla 38.762 expedientes tramitados y la atención directa prestada a 44.278 ciudadanos durante el último ejercicio.
Según ha explicado, a finales de junio de 2025 la institución inició actuaciones de oficio con todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas, con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y con los diez ayuntamientos de las ciudades más pobladas de España. Se solicitó información sobre las medidas puestas en marcha o previstas para garantizar el derecho de acceso a vivienda protegida y asequible, así como para aumentar el parque público de vivienda disponible.
“Esta actuación sigue abierta”, ha indicado, insistiendo en que también se “necesita para eso también la colaboración de todos”.
El informe señala como factores principales del problema la falta de vivienda pública y social, “muy inferior a la media europea”, en palabras de Gabilondo, junto con la insuficiencia de ayudas “eficaces” y las demoras en su tramitación. El documento recoge que muchos ciudadanos declaran no poder acceder a una vivienda a precios de mercado y tener que soportar “esperas interminables” en los procesos de adjudicación de vivienda pública y protegida.
Afecta con mayor intensidad a jóvenes y hogares vulnerables
Gabilondo ha remarcado que la situación impacta de forma especial en jóvenes, personas con rentas bajas y familias vulnerables, que “deben destinar una gran parte de sus ingresos al alquiler o directamente no pueden acceder a una vivienda”. Ha añadido que el problema “se agrava en grandes ciudades y zonas turísticas, donde el alquiler turístico reduce la oferta disponible y aumenta la presión sobre el mercado”.
El Defensor del Pueblo ha trasladado a las administraciones competentes la urgencia de incrementar el parque de vivienda pública destinada al alquiler, agilizar y mejorar la gestión de las ayudas, asegurar procedimientos de adjudicación transparentes y establecer límites al alquiler turístico. También ha recalcado la importancia de proteger a las personas vulnerables ante los desahucios, “sin dejar de combatir las ocupaciones ilegales”.
Asimismo, Gabilondo ha subrayado su preocupación por las personas que han comunicado estar a las puertas de un desahucio judicial inminente de su vivienda habitual. Ha alertado de que entre las personas sin hogar hay quienes disponen de empleo o perciben pensiones públicas, pero se ven “empujadas a abandonar su domicilio por la imposibilidad de afrontar incrementos desproporcionados de los alquileres”. A su entender, “la respuesta de las administraciones a este problema no resulta satisfactoria”.
“No puede olvidarse la existencia de asentamientos de chabolas e infraviviendas sin las condiciones mínimas de habitabilidad. Esto ocurre en nuestro país, separados y aislados de los núcleos urbanos, cuya solución debe convertirse en una prioridad para las Administraciones, que deben poner el foco en el realojo rápido y efectivo de sus habitantes”, ha concluido Gabilondo.