El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un acuerdo que define los criterios de aplicación de la prórroga para 2026 de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, las cuentas actualmente vigentes ante la ausencia de nuevos Presupuestos tanto en 2024 como en 2025.
La decisión se ajusta al artículo 134 de la Constitución Española, que establece que, si al iniciarse el 1 de enero no se ha aprobado una nueva Ley de Presupuestos, como volverá a ocurrir en 2026, se prorrogarán automáticamente las cuentas del ejercicio previo.
De este modo, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 quedarán prorrogados de forma automática por tercera ocasión el próximo 1 de enero, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez trata de presentar y sacar adelante en las Cortes Generales un nuevo proyecto presupuestario para 2026 durante la primera mitad del año.
Esta será la undécima prórroga de unas cuentas públicas en democracia, una situación que ya se produjo con los Presupuestos de 1978, 1982, 1995, 2011, 2016, 2017, en dos ejercicios consecutivos con los de 2018 y ahora por tercera vez con los de 2023.
Con un Parlamento muy fragmentado y, en particular, tras la ruptura definitiva anunciada por Junts, el Ejecutivo afronta un escenario complejo para amarrar los apoyos necesarios que permitan aprobar unas nuevas cuentas públicas para España.
El Gobierno ya tiene definido el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', del Presupuesto del Estado para 2026, que asciende a la cifra récord de 216.177 millones, así como la senda de déficit y deuda del conjunto de las administraciones públicas, a pesar del rechazo del Congreso.
Al haber sido rechazada en la Cámara Baja la senda de déficit propuesta, se aplicará la recogida en el plan fiscal estructural a medio plazo remitido el año pasado a Bruselas, que reduce el margen de gasto de las comunidades autónomas y otorga mayor flexibilidad a la Administración Central.
El déficit fijado para el conjunto de las administraciones públicas descenderá desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. En cuanto a la deuda pública, el Ejecutivo sitúa el objetivo para las administraciones públicas en el 100,9% del PIB en 2026, el 100% en 2027 y el 99,1% en 2028.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha avanzado que los Presupuestos de 2026 serán "expansivos y responsables" y ha subrayado que trabaja para que sean vistos por la mayoría de los grupos como una "necesidad" que se traslade a los hogares.
Reorientación del Plan de Recuperación y uso de fondos europeos
Para el próximo año, los criterios de aplicación de la prórroga de los PGE aprobados este martes incorporan los cambios introducidos en los últimos meses en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo despliegue concluirá a finales de 2026.
En concreto, el 16 de septiembre de 2025, el Consejo de Ministros dio el visto bueno a la denominada "adenda dana" para hacer frente a los graves daños ocasionados por esta catástrofe natural registrada entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
Esta adenda suma un nuevo Componente 32 de "Apoyo a la Recuperación y la Resiliencia en respuesta a los desastres naturales", con la finalidad de reforzar la capacidad del país ante fenómenos meteorológicos extremos y crisis externas que impactan en la economía española. Con ello, se reorientan actuaciones del PRTR hacia nuevas inversiones financiadas con partidas ya ejecutadas o con ajustes derivados de la evolución del plan desde su aprobación en 2021.
Asimismo, el 9 de diciembre de 2025, el Consejo de Ministros aprobó otra adenda de simplificación del Plan de Recuperación, destinada a agilizar los procesos de verificación y ejecución mediante la reducción de cargas burocráticas, reforzar prioridades estratégicas y optimizar el uso de los recursos disponibles antes de que concluya el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia el próximo año.
Con el fin de maximizar la absorción de los fondos 'Next Generation', y de forma transitoria hasta que se aprueben nuevos Presupuestos Generales del Estado, se establece como condición previa para iniciar nuevos expedientes de gasto vinculados a estos recursos que los departamentos ministeriales y sus organismos ajusten los créditos prorrogados a las necesidades derivadas del cumplimiento del Plan de Recuperación durante 2026.