El Gobierno ha fijado ahora en 134,4 millones de euros el coste provisional del rescate de la autopista radial R-4 Madrid-Ocaña (Toledo), una de las nueve vías de peaje que acabaron en quiebra durante la crisis financiera y cuya explotación está actualmente en manos del Estado.
Esta cifra contrasta con la indemnización de cero euros que se había determinado en un primer cálculo en 2021, después de que el Tribunal Supremo dictara en 2022 varias sentencias favorables a la concesionaria, al considerar que el Ejecutivo no había aplicado de forma correcta la normativa vigente.
La nueva resolución, difundida este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), detalla la “Responsabilidad Patrimonial de la Administración” (RPA), es decir, el importe que debe abonar el Estado a las empresas concesionarias por la parte de la inversión en la construcción de la infraestructura que aún no se había recuperado.
En un primer momento, el cálculo de la RPA se situó en 181 millones de euros y ahora se aprueba un segundo cálculo complementario de 281 millones. No obstante, como el Gobierno deberá seguir afrontando pagos futuros, principalmente vinculados a expropiaciones realizadas para levantar la autopista, se reservan 146 millones, lo que deja el desembolso efectivo en 134,4 millones.
En aquel primer cálculo, el Ejecutivo no llegó a pagar cantidad alguna, ya que de los 181 millones inicialmente estimados se retuvieron 295 millones, de modo que el coste provisional quedó fijado en cero euros. En esta ocasión sí se ha ordenado el pago, aunque seguirá pendiente una resolución definitiva y los nuevos recursos que pueda plantear la concesionaria.
El desembolso se realiza después de que el Estado asumiera la titularidad y gestión de la R-4, compensando a la empresa por las inversiones acometidas en la autopista, que ha pasado a integrarse en el patrimonio público. Se trata todavía de una cuantía provisional, a la espera de un cálculo final que se dará a conocer en los próximos meses.
En 2019, el Consejo de Ministros aprobó el método de cálculo para determinar el coste del rescate del conjunto de autopistas en quiebra, una factura que ya supera los 1.000 millones de euros.
En el caso concreto de la R-4, el contrato de concesión fue promovido por el Gobierno de José María Aznar en 2001 y la vía se inauguró en 2004, adjudicada a Ferrovial y Europistas (posteriormente adquirida por Sacyr) por un periodo concesional de 65 años. En 2012 la sociedad entró en concurso de acreedores y no fue hasta 2018 cuando se produjo el rescate, momento a partir del cual la autopista ha ido recuperando tráfico y equilibrio financiero bajo gestión estatal.
En el resto de autopistas en quiebra, el coste del rescate se sitúa en 307 millones para la AP-7 Circunvalación de Alicante, 283 millones para la AP-7 Cartagena-Vera (Globalvía y Ploder), 119 millones para las radiales R-3 y R-5 (gestionadas a través de una sociedad conjunta de Abertis, Sacyr, ACS y Bankia), 53 millones para la AP-41 (Isolux Corsán, Comsa, Sando y Azvi) y 46 millones para la M-12 (OHL).