El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a una medida excepcional para fijar de forma temporal, durante siete días, los precios de los servicios hoteleros en 14 municipios de Andalucía y Extremadura donde se ha tenido que evacuar a vecinos por los efectos de la borrasca Leonardo, según ha comunicado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
La iniciativa, impulsada por el ministro Pablo Bustinduy, comenzará a aplicarse mañana miércoles, 18 de febrero, y se prolongará hasta el día 25. Su finalidad es prevenir posibles abusos mientras se alarga la estancia fuera de sus viviendas de algunas familias afectadas y se va normalizando la llegada de visitantes, evitando así subidas bruscas de precios por parte de plataformas intermediarias que comercializan estos alojamientos.
Los municipios donde se aplicará esta limitación son Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique y Vejer de la Frontera, en la provincia de Cádiz; Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra, en Granada; Cazorla y Santisteban del Puerto, en Jaén; Benaoján y Ronda, en Málaga; y Burguillos del Cerro y Medellín, en la provincia de Badajoz.
Con esta resolución, el Ejecutivo recurre por primera vez al Real Decreto-ley aprobado la semana pasada, que faculta al Gobierno para declarar una situación de emergencia y fijar límites temporales a los precios con el fin de asegurar un acceso equitativo a determinados bienes y servicios esenciales.
En virtud de esta nueva herramienta legal, el Consejo de Ministros ha declarado la situación de emergencia para aplicar la restricción de precios en los 14 municipios citados, seleccionados porque en ellos hay más de 10 personas desalojadas y estas suponen al menos el 0,1% del censo municipal, de acuerdo con los criterios establecidos.
A partir de la entrada en vigor del acuerdo, los hoteles y demás establecimientos de hospedaje de estas localidades no podrán elevar sus tarifas por encima de los precios vigentes en el mes anterior al inicio de la emergencia.
Asimismo, deberán informar de forma clara de que existe una limitación de precios y detallar cuáles son las tarifas de manera “transparente”, y se ha establecido que, si se incumple esta obligación, los consumidores tendrán derecho a reembolso.
En el propio acuerdo aprobado este martes, el Consejo de Ministros incluye también un reconocimiento expreso a los establecimientos que han colaborado con las administraciones facilitando realojos de forma ágil.