El Ministerio de Vivienda ha expresado su malestar después de que Les Corts Valencianes, gracias a la mayoría de PP y Vox, hayan rechazado una iniciativa legislativa que buscaba blindar de manera indefinida las viviendas de protección oficial y asegurar que su adjudicación se realice con criterios objetivos, transparentes y verificables.
Según han señalado en un comunicado fuentes del departamento que encabeza Isabel Rodríguez, los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 --casi 800 millones en el caso de la Comunidad Valenciana-- están supeditados a que las viviendas públicas y protegidas financiadas mantengan una protección permanente, además de incorporar una cláusula antifraude que garantice que los inmuebles se destinan efectivamente a las personas que los necesitan.
“Esta postura de la derecha y la ultraderecha en la Comunidad Valenciana demuestra que lo sucedido con el escándalo de las VPO en Alicante, donde las viviendas se repartieron entre cargos del PP y sus amigos, no es un accidente, es el modelo”, han denunciado desde el Ministerio.
En este contexto, han reclamado al presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, que restituya los mecanismos de control para prevenir el fraude en las adjudicaciones, unos controles que, recuerdan, su antecesor, Carlos Mazón, suprimió.
“La solución estructural a esta crisis de vivienda pasa por la conformación de un gran parque público de vivienda a precios asequibles y con protección permanente que sea capaz de condicionar el mercado privado. Esto no se logrará si se permite la venta, el pelotazo y la especulación con viviendas protegidas”, han añadido las mismas fuentes.
El pleno de Les Corts ha tumbado este jueves, con los votos contrarios de PP y Vox, una proposición de ley registrada por Compromís para que las viviendas de protección pública (VPP) conserven de forma indefinida su carácter público.
La propuesta, que ha contado con el respaldo del PSPV, planteaba reformar la Ley 8/2004 de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, al entender que el decreto aprobado a finales de 2024 por el Consell rebaja las garantías del sistema de vivienda protegida.
En particular, Compromís defendía que se fijara por ley el carácter permanente del régimen de protección pública de las VPP y que los contratos de compraventa y de alquiler de estas viviendas incorporasen cláusulas obligatorias de inserción con idénticas condiciones de acceso, con independencia de que la promoción fuera pública o privada.
Además, la iniciativa exigía como condición indispensable para optar a una VPP la inscripción previa en un registro de demandantes de vivienda y que la adjudicación se realizara mediante un sorteo público, obligando a la Generalitat a informar del proceso a través de su página web o por correo electrónico a las personas registradas.