El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha reiterado este lunes que el Ejecutivo central mantiene la expropiación como herramienta principal para proceder al derribo del hotel levantado en la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), en línea con el anuncio formulado por la ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, el pasado 10 de febrero a los pies del edificio.
“La voluntad del Gobierno de España es que se ponga fin a esta situación, una situación que ya supera los 20 años de existencia”, ha indicado el subdelegado ante los medios, sin concretar en qué fase exacta se encuentra el expediente expropiatorio con el que el Estado pretende adquirir la mitad del inmueble, esto es, la parte que ocupa el dominio público marítimo-terrestre.
La expropiación parcial del complejo promovido por Azata del Sol quedó el pasado mes de septiembre pendiente de fijar un justiprecio, una vez firme el acuerdo de necesidad de ocupación, decisión que la empresa podía impugnar ante los tribunales.
Para Martín resulta “absolutamente necesario poner fin a esta cuestión que nunca se tenía que haber producido” y desmantelar así este “monumento al urbanismo salvaje” erigido “en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar”, al que también invade.
En esta línea, ha vuelto a emplazar a la Junta de Andalucía a “sumarse” al procedimiento expropiatorio respecto a la parte del hotel que se encuentra bajo su ámbito competencial, puesto que, a su juicio, “carece de sentido que se vaya a demoler la mitad, aunque sería posible”. “Creo que ese es el camino y es una vía que nos debe de llevar más pronto que tarde a resolver esta situación”, ha remarcado.
El acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 11 de febrero contempla la expropiación únicamente de la mitad de los 32.654 metros que ocupa el hotel en el sector ST-1, coincidente con el dominio público marítimo-terrestre. La otra mitad se sitúa dentro del espacio protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, competencia de la Junta de Andalucía.
El Ejecutivo andaluz descartó recurrir a la expropiación como fórmula para posibilitar el derribo del edificio y volvió a defender que se anule la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Carboneras en 2003, un trámite que corresponde al Consistorio y que continúa pendiente de resolución.
Desde el Gobierno central se ha subrayado la necesidad de ocupar la parte de la construcción que invade la zona de servidumbre de protección, es decir, los cien metros de anchura del litoral, para poder aplicar la expropiación forzosa. Aunque inicialmente se fijó un plazo de cinco meses desde febrero, el procedimiento se ha ido alargando.
Frente a ello, el 12 de mayo Azata del Sol presentó alegaciones con el objetivo de anular el expediente, al entender, entre otros extremos, que los terrenos a expropiar no estaban correctamente delimitados y que faltaban datos esenciales sobre el inmueble. La promotora aportó incluso un informe pericial para tratar de demostrar la “incorrecta” descripción.
La mercantil también puso en duda que el procedimiento ofreciera suficientes garantías jurídicas y denunció una supuesta falta de motivación a la hora de justificar la expropiación de los suelos.
En respuesta, la Abogacía del Estado elaboró un nuevo informe preceptivo a partir de un documento técnico de la Dirección General de la Costa y del Mar, con el fin de reforzar el acuerdo de necesidad de ocupación que sustenta el proceso expropiatorio.
El Gobierno defiende así la adecuada identificación de las parcelas a expropiar, detallando tanto su ubicación como la parte afectada por la Ley de Costas, al tratarse de un tramo litoral ocupado en gran medida por el hotel, de 411 habitaciones y una veintena de plantas que quedó a medio construir.
Asimismo, se insiste en que es inviable mantener el edificio donde está, al situarse sobre un suelo declarado no urbanizable y, además, reconocido judicialmente como espacio natural protegido, al margen de que el permiso urbanístico que permitió su construcción aún no haya sido anulado.
De este modo, se recalca que el uso y destino del hotel resulta “incompatible” tanto “con la zona de servidumbre de protección” como con su “inclusión en el área del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN)” de Cabo de Gata.