El Gobierno de coalición ha remitido al Congreso un escrito de disconformidad con el que bloquea la tramitación de una proposición de ley registrada por Podemos que buscaba que el Estado, a través de la SEPI, pasara a controlar hasta un 51% del capital de Repsol. El Ejecutivo argumenta que la operación implicaría un desembolso aproximado para las cuentas públicas de 8.960,7 millones de euros.
La iniciativa de Podemos contemplaba que la SEPI adquiriese en una primera fase un 25% de la petrolera, con el objetivo de convertirse en su principal accionista. Más adelante, y siempre antes del 29 de octubre de 2026, ese porcentaje debería elevarse hasta el 51% del total de los títulos de la compañía.
La formación morada defendía este movimiento como vía para recuperar el control público sobre el sector energético, y proponía sufragar la operación redirigiendo los recursos que el Gobierno prevé dedicar al incremento del gasto en defensa.
De acuerdo con la Constitución, el Gobierno dispone de la facultad de mostrar su disconformidad y, en consecuencia, vetar las proposiciones de ley que impliquen una merma de los ingresos del Estado o un incremento del gasto presupuestario.
En su informe, el Ejecutivo detalla que la capitalización bursátil de Repsol a 21 de noviembre de 2025 ascendía a 17.570 millones de euros. Con esta valoración, la compra inicial del 25% supondría un coste de 4.392,5 millones de euros y la adquisición posterior del 26% adicional rondaría los 4.568,2 millones, elevando el importe total de la operación hasta los 8.960,7 millones.
El escrito de disconformidad, al que ha tenido acceso Europa Press, precisa que la partida presupuestaria afectada por ese volumen de recursos sería la destinada a la aportación patrimonial a la SEPI. Por este motivo, el Gobierno ha optado por no prestar su conformidad a la tramitación de la proposición de ley, amparándose en el artículo 134.6 de la Constitución.