El Gobierno ha decidido frenar en el Congreso dos propuestas de Vox y Junts que planteaban, respectivamente, renunciar a los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) o transferirlos a las comunidades autónomas, al considerar que una medida de este tipo implicaría para las arcas públicas un coste de 2.300 millones de euros.
Estas iniciativas se habían incorporado como enmiendas a la proposición de ley que se debate actualmente en las Cortes para reformar la Ley de 2005 que regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
El sistema de comercio de emisiones establece que una autoridad fija un límite máximo a los gases que pueden liberar a la atmósfera determinados sectores industriales. Por cada tonelada de CO2 emitida, las empresas deben disponer de un derecho o permiso, que adquieren al Estado y se adjudican mediante un sistema de subastas.
En este contexto, Junts presentó una enmienda para retocar la normativa con el fin de que la asignación de los derechos de emisión se realice conforme a los criterios fijados por el Derecho de la UE y que los procedimientos para aplicar esos criterios sean gestionados por las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias. Vox, por su parte, planteó otra enmienda que buscaba derogar por completo la Ley de 2005 que regula este mercado.
Veto del Ejecutivo amparado en la Constitución
Ante ambas propuestas, el Ejecutivo ha ejercido la facultad de veto que la Constitución le reconoce para mostrar su rechazo a estas enmiendas y excluirlas del procedimiento parlamentario. En concreto, se ha acogido al artículo 134.6 de la Carta Magna, que dispone que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de os ingresos presupuestarios requerirá de la conformidad del Gobierno para su tramitación”.
En los escritos de disconformidad remitidos al Congreso, y a los que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno argumenta que cualquiera de las dos enmiendas implicaría una merma de ingresos de 2.300 millones de euros para el Estado en 2026: en el caso de la propuesta de Junts, esa recaudación pasaría a manos de las comunidades autónomas, mientras que con la iniciativa de Vox directamente dejaría de existir.