El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha instado este lunes a que se compense a las empresas por la prestación obligatoria de servicios de interés general, cuyo desembolso calcula en torno a 3.900 millones de euros al año, con el fin de evitar que dicho importe se convierta en “una forma encubierta de fiscalidad selectiva”.
La organización privada española ha difundido el informe “Los servicios de interés general. La necesidad de compensar las obligaciones de servicio público”, donde advierte de que “la ausencia de mecanismos de compensación claros, estables y bien definidos genera tensiones sobre la inversión, la innovación y la sostenibilidad económica de los servicios”.
En el documento se subraya que “los servicios de interés general son fundamentales para la cohesión social, territorial y económica”, si bien se recuerda que esas “obligaciones singulares impuestas” a las compañías deben ir acompañadas de proporcionalidad, viabilidad económica y compensación para asegurar su “legitimidad jurídica”.
El IEE sostiene que “su provisión universal y continuada es un objetivo legítimo”, pero alerta de que estas obligaciones implican “costes, riesgos y restricciones que condicionan la rentabilidad, las decisiones de inversión y la asignación de capital”.
El coste asociado, calificado por el instituto como “elevado”, se sitúa para España en unos 3.900 millones de euros anuales, una cantidad equivalente a alrededor de dos décimas del Producto Interior Bruto (PIB), según sus estimaciones.
El informe detalla, además, que el impacto “presenta una notable heterogeneidad” según la actividad, siendo “especialmente sensibles” el sector ferroviario (con unos 1.200 millones de euros) y los sectores eléctrico, audiovisual y aeroportuario (en torno a 600 millones cada uno), de acuerdo con los cálculos de los autores.
Entre los sectores afectados se cita el financiero, donde obligaciones como la inclusión financiera acarrean “costes operativos relevantes que no siempre son compensados de forma explícita”, y el energético, debido a “la intensidad de las obligaciones, especialmente en contextos de crisis”.
El análisis también apunta al ciclo del agua, cuya sostenibilidad podría verse comprometida ante “la transferencia excesiva del riesgo económico al concesionario”, así como al transporte de viajeros por carretera, que “sigue afrontando problemas de financiación y reparto de riesgos que dificultan la planificación y la inversión a largo plazo”.
Según el IEE, “España necesita un modelo de servicios de interés general que sea compatible con una economía abierta, competitiva y orientada al crecimiento”.
En esta línea, el instituto advierte de que “la imposición de obligaciones sin compensación constituye una forma encubierta de fiscalidad selectiva que penaliza la inversión y reduce el dinamismo empresarial”.
El informe remarca que “no se cuestiona la legitimidad de los objetivos sociales, pero es necesario que estos se financien de manera explícita, transparente y equitativa. Solo así será posible garantizar, simultáneamente, servicios esenciales de calidad y un entorno atractivo para crear, invertir y generar empleo”.
El Instituto de Estudios Económicos se presenta como un centro de pensamiento español, creado en 1979, que persigue promover “ideas sobre la libertad de empresa y sobre la propiedad privada”. Entre sus fines figura “impulsar a la empresa privada y al mercado como mecanismo eficiente de creación y asignación de recursos”.