El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes la reforma destinada a reforzar la coordinación en la gestión de la capacidad ferroviaria transfronteriza, mediante nuevas medidas que ordenan la planificación y asignación de la capacidad de la infraestructura ferroviaria en el ámbito de la UE y buscan reducir los retrasos y los episodios de congestión en la red.
Los representantes de la Eurocámara y del Consejo (los gobiernos de los Estados miembros) alcanzaron un acuerdo político sobre esta reforma el pasado mes de abril, pero para que la revisión pueda entrar en vigor era imprescindible la validación del Parlamento y, posteriormente, la adopción formal por parte de los Veintisiete.
El nuevo marco normativo establece que la planificación de la capacidad de la red ferroviaria se estructure en tres etapas diferenciadas, que abarcan desde la programación anual hasta una planificación estratégica con un horizonte de cinco años, además de un periodo de transición para la adaptación.
Así, los gestores de infraestructuras de cada Estado miembro seguirán siendo la autoridad principal encargada de la planificación y gestión de la infraestructura y del tráfico ferroviario, así como de la asignación de los surcos y espacios disponibles en la red.
La reforma contempla también que la Red Europea de Gestores de Infraestructuras (ENIM) asuma competencias reforzadas para coordinar la capacidad y el tráfico transfronterizo en el territorio de la UE, con el objetivo de corregir los retrasos y la congestión derivados de la actual falta de coordinación en la gestión y el mantenimiento de la red ferroviaria.
En particular, la Red Europea se encargará de supervisar y evaluar el rendimiento de los gestores de infraestructuras ferroviarias, a fin de garantizar que sus objetivos de desempeño sean coherentes con los fijados a escala comunitaria, incluido el impulso del transporte por ferrocarril.
Además, para asegurar el cumplimiento de las nuevas normas, los gestores de infraestructuras y los operadores ferroviarios que no respeten sus compromisos en los surcos asignados y provoquen un impacto "significativo" en la red europea se enfrentarán a sanciones "efectivas, proporcionales, disuasorias y no discriminatorias" de entre 1 y 8 euros por kilómetro; aunque la multa podrá duplicarse en función del impacto del cambio.