El sector gasista español ha recibido con buena disposición la aprobación del paquete de medidas para amortiguar el impacto económico de la guerra en Irán, que ha calificado como “una respuesta necesaria y proporcionada ante el actual contexto internacional”, marcado por la volatilidad y el riesgo para la seguridad de suministro debido al conflicto en Oriente Medio.
“El conjunto de medidas adoptadas incorpora actuaciones relevantes para mitigar el impacto inmediato de esta situación sobre consumidores y tejido productivo, y refleja la capacidad del marco regulatorio español para responder con agilidad ante perturbaciones externas de esta naturaleza”, ha subrayado la Asociación Española del Gas.
Entre los puntos más aplaudidos, el sector destaca la flexibilización temporal de los contratos de suministro de gas natural, que permitirá a los consumidores industriales ajustar el caudal contratado, cambiar de escalón de peaje o interrumpir de forma temporal el contrato sin costes añadidos hasta el 31 de diciembre de 2026.
“Esta medida, de eficacia contrastada en episodios anteriores de tensión energética, ofrece a las empresas la seguridad necesaria para gestionar una reducción de actividad productiva sin cargas contractuales desproporcionadas. Además, contribuye a preservar el empleo y la competitividad en los sectores industriales más expuestos”, ha señalado la patronal.
Asimismo, el mantenimiento de tipos reducidos en el Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gas natural y la continuidad del IVA al 10% hasta el 30 de junio de 2026 se consideran instrumentos clave para evitar un mayor encarecimiento de la factura energética de los hogares.
Vigencia limitada y petición de prórroga
Pese a la valoración positiva general, el sector ha puesto el foco en que estas rebajas fiscales solo se aplican durante el primer semestre del año. “En un contexto en el que la duración e intensidad del conflicto permanece incierta, la falta de visibilidad sobre la continuidad de las medidas más allá del 30 de junio introduce un elemento de incertidumbre para la planificación tanto de los consumidores como de los propios agentes del mercado”, ha advertido.
Por ello, las compañías gasistas han pedido al Gobierno que, según evolucione la cotización de la energía, analice con la antelación suficiente si procede extender estas medidas más allá de la fecha inicialmente prevista.
Aunque el sector asume que el real decreto se ha configurado como una respuesta de emergencia, con mecanismos de activación y retirada ligados a la evolución real de los precios, ha instado al Ejecutivo a seguir de cerca el contexto energético y a reaccionar con la misma rapidez mostrada en la aprobación de este real decreto-ley “si las circunstancias lo requiriesen”.
Seguridad de suministro y biometano
En materia de seguridad de suministro, la Asociación Española del Gas ha valorado positivamente la asignación extraordinaria de capacidad de almacenamiento subterráneo a canon cero, al entender que tiene un efecto inmediato en el refuerzo de las reservas estratégicas.
En este sentido, el sector considera conveniente que, al aplicar esta medida, se aprovechen al máximo los márgenes de flexibilidad que contempla la normativa europea sobre gestión de almacenamientos, algo especialmente relevante en el actual escenario de elevada volatilidad de precios.
Por último, las empresas del gas destacan que se haya elegido un mecanismo de obligación similar al vigente para los biocarburantes en el transporte, ya que aporta estabilidad regulatoria a los inversores y crea las condiciones para impulsar un mercado nacional de biometano, capaz de avanzar en la descarbonización y, al mismo tiempo, diversificar las fuentes de suministro.