El Tribunal Supremo ha atendido de forma parcial el recurso de casación presentado por José María Torrens Ferrer, administrador de la distribuidora de hidrocarburos Petromiralles, y ha recortado la condena de prisión de 13 años que le fijó la Audiencia Nacional en 2022, dejándola finalmente en siete años.
La Sala de lo Penal, en una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, absuelve a Torrens del delito de blanqueo de capitales y deja sin efecto los seis años de cárcel y la multa de 24 millones de euros que le habían sido impuestos por ese concepto.
Pese a ello, el Alto Tribunal ratifica la condena por tres delitos contra la Hacienda Pública vinculados a una operativa destinada a defraudar el IVA correspondiente a los ejercicios 2011, 2012 y 2013, así como por un delito de tenencia ilícita de armas, manteniendo además la multa de 213 millones de euros.
El Supremo razona que en los hechos probados no se describen actuaciones concretas “con un mínimo de precisión” imputables al empresario que permitan encuadrar su conducta en un delito de blanqueo. Añade que los fondos que circularon por diversas cuentas, algunas radicadas en el extranjero, no se dirigieron a cuentas de Petromiralles.
De acuerdo con la resolución, “solo se produce un retorno de algo más de un millón de euros que, al no ofrecerse ningún otro dato en la sentencia, podría estar justificado, según alega la defensa, como devolución de un préstamo”.
El fallo subraya que el resto de movimientos de dinero no se relacionan con la compañía de hidrocarburos y que tampoco consta que Torrens fuera quien gestionara esas cuentas o diera órdenes sobre su utilización.
La sentencia concluye que “no basta con conocer que se están cometiendo fraudes para convertirse en colaborador de un delito de blanqueo por cobrar cantidades realmente adeudadas cuyo origen no necesariamente habrían de ser esas defraudaciones tributarias”.
Situación del resto de acusados y responsabilidad de Petromiralles
En cuanto a los demás procesados, el Supremo confirma íntegramente la pena de 12 años de prisión y multa de 352 millones de euros impuesta al asesor José María Talarn Brich por tres delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales.
Igualmente, el tribunal ratifica la condena de 3 años de prisión y una multa de 97 millones de euros para Antonio Rodríguez Estepa, administrador de una empresa dedicada a la distribución minorista de hidrocarburos.
Por otra parte, el Alto Tribunal estima de forma parcial el recurso de uno de los acusados que había denunciado dilaciones indebidas, rebajando su condena de prisión a nueve meses y medio.
Además, el Supremo atiende el recurso planteado por la Agencia Tributaria, que reclamaba que la responsabilidad civil subsidiaria de Petromiralles abarcase la totalidad de lo defraudado a Hacienda por Torrens, y no solo el importe equivalente al beneficio obtenido con el fraude, como había fijado inicialmente la Audiencia Nacional.