El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha ratificado este jueves las sanciones impuestas por los Veintisiete al banco ruso Vnesheconombank, VEB.RF, por su estrecha relación con el Kremlin y por su implicación en la anexión de Crimea en 2014 y en la invasión rusa de Ucrania en 2022, al considerar que el Consejo justificó de forma adecuada la adopción de estas medidas restrictivas.
Con esta resolución, el alto tribunal europeo rechaza el recurso presentado por la entidad con sede en Moscú contra la sentencia del Tribunal General de la UE de junio de 2024 --que ya había avalado las sanciones sobre VEB.RF--, después de que la sociedad alegara que el tribunal y los Estados miembros habían “desnaturalizado los hechos” y habían interpretado “erróneamente” su intervención en la anexión de Crimea y en la agresión militar a Ucrania.
El TJUE concluye que el Tribunal General no incurrió en error al determinar en primera instancia que la motivación de las medidas era suficiente, tanto desde el punto de vista individual como sectorial, y da por acreditado que el banco ruso participó en proyectos de diversificación del sector ruso de la defensa, así como que la composición de sus órganos de decisión mantiene una fuerte conexión con el Kremlin.
Igualmente, la sentencia rechaza los argumentos de VEB.RF relativos a la supuesta vulneración de su derecho de propiedad y al efecto de su exclusión del sistema de mensajería financiera SWIFT decidido por los Estados de la UE, al estimar que estas decisiones son “conformes” con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y no resultan “manifiestamente inadecuadas” respecto a los fines perseguidos por el régimen de sanciones europeo.
Del mismo modo, el TJUE respalda la apreciación del Tribunal General de que existen pruebas suficientes para concluir que VEB.RF “presta apoyo material o financiero al presidente de la Federación de Rusia”.
Por último, el fallo confirma la calificación de VEB.RF como una “entidad de crédito relevante para el sistema financiero ruso”, al recordar que ha otorgado más de un billón de rublos (unos 10.000 millones de euros) a entidades rusas, lo que se considera un indicio claro de su apoyo material a actuaciones que socavan la integridad territorial de Ucrania.