El Tribunal de Cuentas Europeo ha identificado en España importantes carencias en la vigilancia del fondo europeo de recuperación, así como lagunas en los controles de contratación pública. El organismo advierte de que el sistema antifraude del Mecanismo “no es plenamente eficaz y presenta insuficiencias” a nivel comunitario para asegurar una protección completa del presupuesto de la Unión Europea.
En su informe sobre la lucha contra el fraude en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los auditores señalan que el entramado previsto para prevenir, detectar y corregir el fraude “no es plenamente eficaz” y arrastra deficiencias tanto en los Estados miembro como en el diseño general impulsado por la Comisión Europea.
En lo que respecta a España, el Tribunal recalca que el órgano de coordinación no realiza un seguimiento activo de cómo las entidades ejecutoras aplican las medidas antifraude, lo que merma la solidez de la supervisión del conjunto del sistema.
También apunta que los controles asociados a la contratación pública no alcanzan a todos los contratos financiados con cargo al mecanismo, lo que reduce la capacidad de comprobación y deja áreas expuestas a posibles riesgos.
Con todo, el documento reconoce progresos tras las auditorías comunitarias y pone como ejemplo positivo el canal nacional de denuncia Infofraude, gestionado por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que permite comunicar irregularidades de forma anónima y refuerza los mecanismos de alerta temprana.
En un plano más general, el Tribunal subraya que los requisitos antifraude fijados en la normativa del Mecanismo de Recuperación, dotado con 650.000 millones de euros, resultan excesivamente genéricos y no concretan con claridad el alcance mínimo de las comprobaciones que deben realizar las autoridades nacionales.
Los auditores llaman además la atención sobre la ausencia de criterios homogéneos para comunicar los casos de presunto fraude a la Comisión y sobre la existencia de datos incompletos y contradictorios entre países, lo que complica medir la verdadera dimensión del problema y orientar de forma adecuada las respuestas correctoras.
Otro de los aspectos delicados del informe es el relativo a la devolución de fondos. A diferencia de otros programas de la UE, los Estados miembro no tienen la obligación automática de reembolsar al presupuesto comunitario las cantidades recuperadas a beneficiarios implicados en fraude, salvo que la Comisión considere insuficientes las actuaciones emprendidas.
Dado que una parte relevante de las inversiones se ejecutará en la fase final del instrumento, el Tribunal alerta del peligro de que algunos casos de fraude se confirmen cuando el sistema de notificación ya haya concluido, lo que podría complicar el seguimiento y la recuperación efectiva de los recursos.
Conforme a los datos de la Fiscalía, desde la puesta en marcha del MRR se han investigado 307 casos de fraude relacionados con este instrumento, una cifra que, según los auditores, evidencia la conveniencia de reforzar las salvaguardas en futuros programas europeos de gran volumen financiero.
Respuesta de la Comisión Europea
La Comisión Europea ha recibido de forma positiva el informe de los auditores y, aunque en términos generales comparte las conclusiones, discrepa de algunas apreciaciones, al afirmar que los sistemas nacionales analizados están, en líneas generales, bien configurados para detectar actividades fraudulentas y cuentan con políticas antifraude y canales de denuncia operativos.
En cuanto a la comunicación de casos sospechosos, la Comisión admite que existe margen de mejora y avanza que actualizará sus orientaciones para concretar el momento y la información que deben remitir los Estados miembro, en el marco de las directrices sobre la fase final y el cierre del Mecanismo de Recuperación.
Respecto a la recuperación de fondos, el Ejecutivo comunitario recuerda que los Estados miembro están legalmente obligados a corregir y recuperar los importes indebidamente utilizados y a notificar los casos sospechosos a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y a la Fiscalía Europea, incluso después de la clausura formal del mecanismo.
Asimismo, la Comisión destaca que conserva el derecho a llevar a cabo verificaciones y auditorías durante un periodo de hasta cinco años tras el último pago y avisa de que, cuando un país no corrija de forma adecuada casos de fraude, corrupción o conflicto de intereses, aplicará las medidas correctoras oportunas, entre ellas posibles reducciones financieras.