Las compañías eléctricas españolas sostienen que el país está quedándose atrás en la puesta en marcha de la hoja de ruta europea para impulsar la inversión en redes de transporte y distribución, el denominado ‘Paquete de Redes’ presentado por la Comisión Europea con el objetivo de acelerar la electrificación y reforzar la competitividad y la seguridad energética en la Unión Europea, según señalan a Europa Press fuentes del sector.
A juicio de estas empresas, el esquema actual de regulación y planificación en España «no está alineado» con las directrices de Bruselas y actúa como «un freno» tanto para la llegada de capital como para la instalación de nueva actividad industrial.
Las mismas fuentes recuerdan que el documento comunitario apuesta por una planificación centralizada pero adaptable, por adelantar inversiones y por agilizar la tramitación de las conexiones a la red. Sin embargo, en España el calendario de planificación continúa siendo «excesivamente largo y rígido» y el operador del sistema «no ha ejecutado» la totalidad de las inversiones programadas.
Asimismo, denuncian que no exista un operador independiente y la «escasa coordinación» entre la Administración General del Estado y los gobiernos autonómicos, algo que, en su opinión, provoca conflictos de interés y demoras en proyectos considerados estratégicos.
Red saturada y miles de millones de inversión bloqueados
Uno de los puntos que más inquietud genera es la saturación de la red eléctrica. Según estas fuentes, el 87% de los nudos se encuentra ya colapsado, lo que complica la instalación de nueva industria y condiciona la electrificación de sectores como el transporte o el residencial.
En 2024, menos del 10% de las peticiones de acceso a la red de distribución llegó a aprobarse, lo que habría dejado sin ejecutar inversiones por un importe de 332.000 millones de euros y habría demorado, entre otros desarrollos, la expansión de la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos.
Las fuentes consultadas inciden en que la Comisión Europea reclama revisar las pautas de conexión para favorecer procesos «más eficientes y rápidas», con criterios anticipatorios que permitan dimensionar las redes en función de la demanda futura.
Retribución y límites que frenan nuevas inversiones
En contraste con ese enfoque, consideran que el esquema retributivo planteado para la distribución eléctrica en España va «en dirección contraria»: la tasa de retribución propuesta, del 6,58%, se sitúa por debajo de la de otros mercados europeos como Alemania (7,4%) o Irlanda (8,8%), y también por debajo de otros sectores regulados en España, lo que, a su entender, desincentiva el esfuerzo inversor.
Además, critican que se mantengan topes históricos a la inversión, que se recorten los costes reconocidos al suministro y que se fije un coste máximo para las nuevas conexiones. Estas medidas, alertan, dejarán fuera «proyectos estratégicos» y profundizarán la «discriminación territorial y entre consumidores» en función del coste de conexión, vulnerando el principio de no discriminación que defiende la Unión Europea. Este modelo regulatorio, añaden, «compromete la calidad del suministro y la capacidad de atraer inversión industrial y empleo».
Otro elemento que consideran especialmente delicado es el enfoque del regulador sobre la cadena de valor. Mientras Bruselas propone crear una plataforma europea para coordinar la demanda de equipos y consolidar una cadena de suministro propia en el continente, las fuentes señalan que en España se está promoviendo una retribución «low cost» que prioriza el menor precio del producto frente a la generación de un efecto tractor sobre la industria local.
«Si no se corrige este rumbo, España puede perder una oportunidad histórica para situarse en la vanguardia de la electrificación y quedar en desventaja frente al resto de la Unión Europea», concluyen las fuentes del sector.











