La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) ha expresado su preferencia por una regulación «adecuada y proporcionada» frente a la prohibición completa de las llamadas comerciales en el sector eléctrico, según se propone en el borrador del Real Decreto del Reglamento General de Suministro y Contratación de Energía Eléctrica.
En una declaración reciente, la asociación hizo hincapié en la importancia de eliminar las prácticas comerciales desleales, optando por un enfoque que fortalezca la transparencia y la regulación en lugar de suprimir los métodos de comunicación con los consumidores.
Desde la celebración de la Audiencia e Información Pública de este proyecto hace más de un año, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se ha propuesto que «el comercializador no podrá realizar publicidad ni prácticas de contratación no solicitadas por el usuario por vía telefónica, salvo que exista una petición expresa por parte del consumidor o la llamada sea originada por su propia iniciativa». Según ACIE, esto en la práctica, «supondría la prohibición de las llamadas comerciales en el ámbito eléctrico».
Julio César Nieto, presidente de ACIE, defendió las llamadas como «una herramienta válida y eficaz para que el consumidor pueda conocer y comparar distintas ofertas y servicios energéticos». Añadió que, aunque este canal tiene sus pros y contras, su prohibición limitaría significativamente la libertad de elección del usuario.
La asociación también señaló que la Ley General de Telecomunicaciones, en su artículo 66.1.b, ya incluye medidas para prevenir las llamadas no deseadas, asegurando la protección del consumidor sin necesidad de imponer restricciones totales. Además, se ha reforzado el control mediante la regulación de una numeración específica.
ACIE espera que los últimos procedimientos legislativos del Real Decreto se enfoquen en mejorar y adaptar la normativa existente, teniendo en cuenta las sugerencias de los actores del sector. En particular, destacó la importancia de preservar el uso del teléfono para contrataciones con pymes y particulares, «siempre que conste un interés legítimo conforme a los términos establecidos por la autoridad de protección de datos y la CNMC en junio de 2023».