QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La empresa Endesa, a través de su filial e-distribución, ha reportado que durante la primera mitad del año se detectaron más de 32,000 incidentes de fraude eléctrico, lo que representa un promedio de más de 175 casos por día, según datos proporcionados por la compañía.
En detalle, este tipo de fraude implica más de siete incidentes cada hora, consumiendo una cantidad de electricidad que podría abastecer a casi 117,000 hogares.
Según Endesa, las principales fuentes de estos fraudes son las plantaciones de marihuana indoor, que se caracterizan por su alto consumo eléctrico ilegal y constante, lo que provoca severos daños a la infraestructura eléctrica.
SEIS PLANTACIONES INDOOR DE MARIHUANA DESMANTELADAS AL DÍA
De enero a junio, la compañía desarticuló seis de estas plantaciones diariamente en sus áreas de distribución, en operativos encabezados por las Fuerzas de Seguridad. Estos operativos permitieron recuperar 111 millones de kilovatios hora (KWh), lo que representa el consumo de más de 31,700 hogares.
La colaboración entre Endesa y las Fuerzas de Seguridad es fundamental para abordar estos delitos, como parte de un convenio reciente con la Comisaría General de la Policía Judicial de la Policía Nacional, enfocado en prevenir y investigar delitos que afecten a los servicios esenciales de energía eléctrica.
LA IA, UN ALIADO
Además de la colaboración policial, desde 2017 Endesa se apoya en tecnologías como Machine learning y Deep learning para optimizar la detección de fraudes energéticos. Estos modelos analizan el historial de inspecciones, patrones de consumo, información de los equipos de medida y hasta datos meteorológicos para identificar con mayor precisión posibles fraudes.
PROBLEMA EN AUMENTO QUE PERJUDICA A TODOS LOS CONSUMIDORES
Recientemente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó una propuesta normativa destinada a actualizar y fortalecer la regulación contra el fraude eléctrico, que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Esta propuesta incluye procedimientos comunes en las inspecciones y nuevos criterios de facturación para proteger a los usuarios afectados.
El incremento del fraude eléctrico tiene un impacto negativo amplio, afectando desde la seguridad ciudadana hasta la sostenibilidad económica del sector eléctrico, perjudicando tanto a distribuidoras como a consumidores finales.
