ERC ha exigido al Gobierno una modificación normativa que ampare a las personas perjudicadas por la venta de hipotecas y otros créditos a fondos de inversión y compañías especializadas en recobros.
Con este propósito, la formación que encabeza Oriol Junqueras ha presentado de forma coordinada una proposición no de ley (PNL) en el Congreso y otra iniciativa en el Ayuntamiento de Barcelona.
“Queremos plantar cara a la especulación con las hipotecas y garantizar derechos efectivos para las familias afectadas”, señalan los republicanos en un comunicado este viernes, donde han explicado que esta iniciativa responde a una “realidad que ha afectado a miles de familias, la transferencia de carteras hipotecarias con importantes descuentos a terceros, sin que las personas deudoras puedan extinguir su deuda en las mismas condiciones”.
Transparencia y derechos en las cesiones de crédito
Según ERC, esta práctica ha provocado “opacidad, indefensión y vulneración de derechos, especialmente en familias vulnerables, personas mayores, avalistas y herederos”. La diputada en el Congreso Etna Estrems ha calificado de “socialmente injustificable que los fondos de inversión compren hipotecas con grandes descuentos mientras las familias no tienen ninguna opción real de cancelar su deuda en las mismas condiciones”.
Por su lado, la concejala del grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Eva Baró, ha advertido de que muchas familias “ni siquiera saben quién es el titular real de su deuda ni con quién pueden negociar”, algo que considera “incompatible con el derecho a la vivienda”. La PNL registrada en el Congreso por el Grupo Republicano reclama al Ejecutivo reformar el Código Civil, la legislación hipotecaria y la normativa de consumo para reconocer un derecho efectivo de tanteo, retracto y redención cuando los préstamos hipotecarios se cedan a terceros.
Entre las medidas centrales, Esquerra propone asegurar una transparencia plena en las cesiones de crédito, con información detallada sobre el nuevo titular, el gestor de la deuda y el precio de transmisión; fijar un plazo mínimo de 60 días hábiles para poder ejercer los derechos de redención; y evitar que las ventas masivas de carteras dejen sin contenido los derechos de las personas consumidoras.
Asimismo, la iniciativa plantea que ninguna ejecución hipotecaria pueda seguir adelante si la persona deudora no ha sido informada de forma adecuada de la cesión del crédito y que, si no se cumple este requisito, la deuda pueda saldarse por el mismo importe de adquisición más los gastos justificados y los intereses legales. A la vez, se aboga por reforzar la protección de los deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad y por crear un registro público de cesiones de crédito que asegure la transparencia y la trazabilidad de las deudas.
En paralelo, el grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona ha registrado también una proposición en la comisión de urbanismo de este mes de mayo para respaldar esta reforma y hacerla llegar al conjunto de instituciones con competencias, desde el Gobierno hasta el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), así como a las entidades municipalistas y a las plataformas de defensa del derecho a la vivienda.