Eliminar la situación de riesgo de pobreza en España requeriría unos 24.000 millones de euros anuales, el equivalente al 1,8% del PIB nacional, aunque existen “grandes diferencias” en la renta necesaria entre comunidades autónomas.
Esta estimación procede del informe “Análisis de la exclusión social y económica en España y sus territorios”, presentado este miércoles por la Fundación Ramón Areces y el Ivie. El trabajo ha sido elaborado por el equipo de investigación del Ivie, dirigido por Carmen Herrero y en el que participan Antonio Villar y Carlos Albert.
El estudio recuerda que la economía española atraviesa una fase de expansión, con un fuerte incremento del empleo y del salario mínimo. No obstante, este avance no ha logrado erradicar la pobreza, según se desprende de los datos analizados.
El Ivie precisa que el riesgo de pobreza se define como una renta inferior al 60% de la mediana de ingresos (el umbral que separa al 50% de la población con mayores rentas de la mitad con menores recursos), mientras que la pobreza extrema o exclusión se sitúa por debajo del 40% de esa mediana.
Menos pobreza, pero aún elevada
Con estas definiciones, en 2025 el 19,5% de la población española se encontraba en riesgo de pobreza, una proporción que se ha reducido un 12% entre 2015 y 2025. La caída ha sido aún más intensa entre quienes sufren pobreza extrema o exclusión, cuyo peso ha descendido un 28% en ese mismo periodo, hasta el 8% en 2025.
En 2015, el 50,4% de las personas en riesgo de pobreza también estaba en riesgo de exclusión. Diez años después, en 2025, esa proporción se ha reducido en casi diez puntos, hasta el 41,3%.
Si se considera no solo el porcentaje de población afectada, sino también sus rentas medias, el informe calcula que acabar con el riesgo de pobreza supondría un desembolso de unos 24.000 millones de euros anuales, el 1,8% del PIB. En cambio, eliminar el riesgo de exclusión tendría un coste mucho menor, alrededor de 8.800 millones de euros al año, lo que representa un 0,7% del PIB en cada ejercicio del periodo estudiado.
Diferencias marcadas entre comunidades
El análisis pone de manifiesto grandes disparidades territoriales tanto en el riesgo de pobreza como en el de exclusión, así como entre distintos colectivos (jóvenes, mujeres, trabajadores temporales). Por ello, se recomienda afinar la orientación de las políticas de protección social para adaptarlas mejor a cada realidad.
Para el conjunto del país, el 19,5% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, fijado en 12.220 euros anuales por unidad de consumo. En Andalucía, esa tasa asciende al 27,7%. También superan la media nacional Murcia (26,7%), Extremadura (26,2%), Comunitat Valenciana (26%), Castilla-La Mancha (25,9%) y Canarias (22,9%). En el extremo opuesto, los porcentajes más bajos se registran en País Vasco (9,3%), Illes Balears (11,6%), Navarra (12,3%) y Madrid (12,7%).
Las diferencias se repiten en el caso de la exclusión. Frente a una incidencia media del 8% (rentas inferiores a 8.147 euros anuales por unidad de consumo), la Comunitat Valenciana alcanza el 11,8%, Andalucía el 11,4%, Murcia el 11,2% y Extremadura el 9,9%.
Empleo y pobreza: una relación preocupante
El informe subraya además que contar con un empleo no garantiza escapar de la pobreza. De hecho, un 33% de las personas en riesgo de pobreza está ocupada. Este porcentaje se eleva hasta el 40% en Illes Balears y no baja del 25% en ninguna comunidad en 2025.
Aunque la tasa de pobreza entre la población ocupada se ha reducido del 14,8% en 2015 al 11,6% en 2025, sigue siendo muy elevada en algunos territorios. En Andalucía se sitúa en el 17,4%, mientras que en Navarra la probabilidad de que una persona con empleo caiga en riesgo de pobreza es solo del 6%.
La reducción del porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión se ha producido en todas las comunidades entre 2015 y 2025. Sin embargo, las brechas territoriales siguen siendo notables.
En 2023, la renta media de quienes viven en riesgo de pobreza era de 4.869 euros anuales en el conjunto de España. En Navarra, esa cifra desciende a 4.128 euros y en Illes Balears a 4.362 euros.
En el lado contrario, la población en riesgo de pobreza de Galicia alcanza una renta media de 5.498 euros, seguida de Extremadura, con 5.325 euros. Entre las personas en riesgo de exclusión, la renta media nacional de 2.849 euros oscila entre un mínimo de 2.090 euros en Illes Balears y un máximo de 3.397 euros en Aragón.
El esfuerzo necesario medido sobre el PIB también varía intensamente por autonomías. Mientras que a nivel nacional sería preciso destinar un 1,8% del PIB (24.000 millones de euros), en Andalucía haría falta un 3,9% de su PIB, frente al País Vasco, donde bastaría con un 0,6%.
Clasificación de las comunidades autónomas
El trabajo construye dos índices sintéticos para ordenar a las comunidades según la evolución de la población en riesgo de pobreza y exclusión entre 2015 y 2023. En el primer grupo se sitúan las regiones con mejores resultados (País Vasco, Aragón, Cantabria y Cataluña). En el segundo, las que muestran mejoras sostenidas (Madrid y La Rioja). Un tercer bloque agrupa a las que han sufrido retrocesos significativos (Navarra y Asturias).
El cuarto grupo lo forman territorios que se mantienen en posiciones intermedias (Galicia, Illes Balears, Extremadura y Castilla y León). Por último, en la zona baja aparecen Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, Comunitat Valenciana y Región de Murcia, aunque esta última ha mejorado su posición respecto a 2015.
Brecha de género y edad en la pobreza
El estudio también advierte de que la pobreza golpea con mayor intensidad a ciertos colectivos. En particular, las mujeres, que en 2015 partían de una situación algo más favorable que los hombres, han empeorado en 2025. Entonces, el porcentaje de mujeres en riesgo de pobreza era del 21,8% frente al 22,5% de los hombres. En 2025 las tasas han variado hasta el 20,3% de las mujeres y el 18,6% de los hombres.
Por grupos de edad, la menor incidencia de pobreza sigue correspondiendo a los mayores de 65 años frente a los más jóvenes, aunque esta pauta está cambiando ligeramente en los últimos años y en algunas regiones la menor tasa ya se observa entre la población en edad de trabajar. En todos los casos, el riesgo de pobreza de los menores de 18 años es superior y se aproxima al 30%.