QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este lunes, la entidad Facua ha instado al Gobierno a implementar ajustes normativos que permitan penalizar a las compañías de telecomunicaciones y energéticas que obtienen beneficios a través de las llamadas telefónicas no solicitadas y compensar a los consumidores perjudicados.
A pesar de que desde marzo los proveedores de servicios de telecomunicaciones han interceptado más de 50 millones de llamadas y mensajes de texto fraudulentos, de acuerdo con la información proporcionada hoy por el ministro Óscar López, Facua ha señalizado que numerosos consumidores siguen recibiendo a diario ofertas comerciales no deseadas.
Facua argumenta que las iniciativas gubernamentales contra el fraude telefónico no contemplaron la restricción de este tipo de comunicaciones desde líneas fijas con prefijo geográfico.
Por tanto, para Facua, las acciones del plan son ‘claramente insuficientes’ y es crucial extender el bloqueo ‘a todo tipo de llamadas’, ya que las líneas fijas con prefijo nacional se han convertido ‘en un gran coladero de fraudes’.
‘El propio ministro ha admitido que tras la entrada en vigor del plan, los estafadores están usando llamadas con prefijos nacionales para sus prácticas fraudulentas ante la imposibilidad de hacerlo con numeración móvil’, indica Facua.
En consecuencia, la organización reclama una expansión del plan actual para incluir también el bloqueo de las llamadas spam desde líneas fijas con prefijo geográfico. ‘Desde 2023, todas las llamadas comerciales no pedidas expresamente están prohibidas, aunque en la práctica, se han seguido produciendo tanto o más como se producían con anterioridad’, critica Facua.
Además, es esencial que desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se promueva una reforma normativa que obligue a las empresas que se benefician de altas por llamadas comerciales a informar al consumidor que, si la llamada no fue hecha o solicitada explícitamente por él, tendría derecho a una compensación económica por tratarse de ‘spam’ telefónico.
Facua subraya la importancia de que todas las empresas que se favorecen de altas telefónicas aseguren que, en la grabación de la llamada, el consumidor no solo acepte las condiciones específicas del servicio, sino que además declare que fue él quien realizó la llamada o que la solicitó explícitamente.
‘Si dicha información no aparece en la grabación, el contrato no sería válido y las empresas que los procesen estarían incurriendo en una infracción de consumo que derivaría en sanción al ser denunciada’, reclama Facua.
