La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha puesto sobre la mesa una reforma profunda del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades con el objetivo de “minimizar las distorsiones que ambos generan” y apuntalar el crecimiento económico.
En un trabajo elaborado por el profesor de la Universidad Complutense José Félix Sanz, Fedea propone implantar un IRPF “lineal”, basado en un tipo marginal único acompañado de un mínimo exento.
En lo referente al Impuesto sobre Sociedades, el estudio defiende que la revisión de este gravamen se centre en abaratar el coste de uso del capital y en suprimir los sesgos estructurales que arrastra.
En particular, se sugiere acercar las amortizaciones fiscales a la depreciación económica real, mejorar el tratamiento de las pérdidas para no castigar proyectos inciertos e intensivos en I+D y corregir la preferencia por la financiación ajena mediante figuras como un 'allowance for corporate equity' (ACE).
Del mismo modo, se aboga por avanzar hacia un único tipo nominal para todas las compañías, con independencia de su dimensión, que además se sitúe en línea con el marginal máximo del nuevo IRPF “con el fin de reducir arbitrajes y reforzar la neutralidad organizativa”.
“España no necesita mayor presión fiscal, sino un sistema fiscal mejor diseñado, integrado en un marco institucional creíble y orientado al crecimiento”, sostienen desde Fedea.
Según la entidad, esta remodelación solo tendrá éxito si se plantea “como parte de una reconstrucción más amplia del contrato fiscal, que combine disciplina presupuestaria, calidad institucional y una arquitectura impositiva más simple, neutral y transparente”.
“Sin este enfoque integral, cualquier ajuste tributario corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de ingeniería fiscal sobre una maquinaria presupuestaria que sigue empujando, silenciosamente, en la dirección contraria”, alerta Fedea.
Revisión de la constitución fiscal y disciplina presupuestaria
Para el profesor Sanz, no bastan pequeños ajustes en determinadas figuras impositivas, sino que resulta imprescindible una revisión en profundidad de la constitución fiscal española que permita encarar los desequilibrios de fondo.
Entre estos problemas, menciona el “continuado deterioro” de la posición fiscal del país como consecuencia “de un patrón sostenido de déficit presupuestarios, una deuda pública persistentemente elevada y una arquitectura institucional incapaz de disciplinar de forma creíble el proceso presupuestario”.
A su juicio, este comportamiento no se explica solo por los grandes ‘shocks’ de los últimos años, sino que obedece a “sesgos endógenos del proceso de decisión política”, como la ilusión fiscal, la preferencia por el gasto inmediato frente al futuro y el recurso reiterado al endeudamiento en sustitución de la imposición explícita.
“Destaca también la creciente brecha entre la carga fiscal que el país soporta, propia de una economía rica, y su nivel de renta, propio de una economía de nivel medio. Durante las dos últimas décadas, España ha incrementado de forma sostenida su presión fiscal mientras su capacidad económica se ha reducido en términos relativos”, recoge el texto.
De este modo, los ingresos tributarios han pasado de en torno al 33% del PIB en 2000 a aproximadamente el 37-38% en 2023, mientras que el PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo ha caído desde valores cercanos a la media de la UE-15 hasta situarse alrededor del 85% de la media de la UE-27.
“Para romper este círculo vicioso es necesario fortalecer las reglas fiscales, institucionalizar las evaluaciones sistemáticas del gasto y reforzar la independencia y el mandato de la AIReF, articulando su rendición de cuentas directamente ante el Parlamento (...) Sólo así será posible iniciar un proceso de consolidación fiscal apoyado en el control del gasto corriente improductivo.
Control del gasto en pensiones y sostenibilidad del sistema
En este contexto, el informe subraya la importancia de contener el gasto en pensiones, señalado como “principal foco de riesgo para la sostenibilidad presupuestaria y la equidad intergeneracional”.
“Mantener este componente al margen de las reglas fiscales ha contribuido a ocultar su impacto real y a consolidar transferencias implícitas desde las cohortes jóvenes hacia las ya jubiladas de dudosa equidad. El análisis actuarial revela desequilibrios significativos que sólo pueden corregirse mediante la reintroducción de mecanismos automáticos de ajuste, una mayor transparencia contributiva y una correspondencia más explícita entre aportaciones y prestaciones”, concluye el documento.