La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierte de que el proyecto de regularización extraordinaria de extranjeros, que podría alcanzar a alrededor de medio millón de personas, suscita interrogantes sobre los requisitos fijados, en particular sobre el uso de la vulnerabilidad económica como excepción a las condiciones habituales de arraigo.
Este lunes, Fedea ha difundido un nuevo número de su boletín de seguimiento de las reformas vinculadas al Plan de Recuperación y de otras medidas de carácter estructural aprobadas o impulsadas en el último año. “Aunque la actividad legislativa ha sido relativamente escasa durante esta legislatura debido a la ausencia de una mayoría parlamentaria estable, se han enviado a las Cortes para su tramitación numerosas normas de carácter estructural con considerable interés”, recoge el documento firmado por el director de Fedea, Ángel de la Fuente.
Entre las iniciativas examinadas, la entidad se detiene en el proyecto de regularización extraordinaria de extranjeros, sobre el que reitera sus reservas en torno a los criterios planteados y, de forma específica, al rol de la vulnerabilidad económica como causa para dejar sin efecto las exigencias ordinarias de arraigo.
“Suponiendo que las entidades sociales que han de certificar la vulnerabilidad estuvieran en condiciones de hacerlo correctamente, lo que parece improbable, y aceptando que tal condición no tiene por qué ser motivo de exclusión de la convocatoria, su ausencia tampoco debería serlo”, ha señalado el autor del análisis.
Según Fedea, dentro del colectivo potencialmente afectado, para quienes acrediten cinco meses de residencia en España y carezcan de antecedentes penales, pero no dispongan de vínculos familiares o laborales con el país, resultaría incoherente admitir únicamente a quienes cuenten con menos recursos económicos y, por tanto, previsiblemente requieran más apoyo público o afronten mayores trabas para su integración en el mercado de trabajo.
“Si aceptamos a los vulnerables, habría que aceptarlos a todos, lo que vaciaría de contenido la exigencia de arraigo familiar o laboral”, ha indicado el experto.
En ese escenario, la convocatoria pasaría a ser, de facto, una regularización automática de cualquier persona que no represente una amenaza para el orden público o la seguridad y que lleve al menos cinco meses en territorio español, algo que, según Fedea, probablemente no se aleje demasiado del objetivo real de la medida. “Reconocerlo abiertamente permitiría simplificar mucho los trámites, eliminando uno de los principales cuellos de botella del proceso de regularización”, ha añadido.
Como alternativa, que la fundación considera previsiblemente más adecuada, se propone suprimir toda mención a la vulnerabilidad económica y preservar las exigencias de arraigo familiar o laboral al margen de la situación económica del solicitante, que no debería tener peso en esta decisión, retomando así el enfoque aplicado en regularizaciones anteriores.
Proyecto de ley de industria y giro intervencionista
Fedea también aprecia elementos preocupantes en otra reforma en curso: el proyecto de ley de industria y autonomía estratégica (PLIAE), aún en tramitación en el Parlamento, y en el RDL 7/26, que incorpora asimismo las medidas de respuesta a la guerra de Irán y determinadas disposiciones en materia energética.
“El PLIAE introduce ciertas herramientas que apuntan a una política industrial de corte intervencionista”, ha alertado Ángel de la Fuente.
Entre estas herramientas, Fedea destaca la creación de la figura de los proyectos industriales estratégicos, que permite otorgar un trato preferente a iniciativas que el Gobierno considere de especial relevancia, a través de distintos tipos de ayudas y de la agilización o priorización de trámites administrativos, incluidos los relacionados con el acceso a la red eléctrica y a otras infraestructuras clave.
En la misma línea, la fundación llama la atención sobre la incorporación en el PLIAE de los procesos de reindustrialización, concebidos para prevenir, corregir o amortiguar el impacto de pérdidas significativas de capacidad industrial, en particular en ámbitos calificados como estratégicos.
El texto obliga a las grandes compañías industriales que planeen cerrar centros de trabajo o acometer reducciones sustanciales de capacidad productiva y empleo a comunicarlo al Gobierno con un preaviso mínimo de nueve meses.
Durante ese lapso podría abrirse un proceso de negociación con la empresa y/o de búsqueda de alternativas para conservar la actividad y los puestos de trabajo, mediante una Mesa de Reindustrialización en la que tendrían cabida los sindicatos y las comunidades autónomas implicadas.
Otra disposición relevante del PLIAE, que refleja la creciente preocupación por la autonomía estratégica en un contexto geopolítico cada vez más complejo, es la creación de una reserva estratégica de capacidades industriales, la denominada RECAPI. Este instrumento se concibe como una vía para reducir la exposición derivada de una dependencia excesiva del exterior en suministros esenciales, sobre todo en situaciones de crisis.
La propuesta no se centra, al menos necesariamente, en acumular existencias físicas de determinados bienes básicos, sino en configurar un doble inventario que identifique esos productos y las capacidades nacionales para fabricarlos que podrían activarse con rapidez en caso de emergencia. Con el apoyo del tejido empresarial, se trataría de preservar una capacidad productiva latente en sectores estratégicos que pueda ponerse en marcha con celeridad cuando las circunstancias lo requieran.