La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) plantea suprimir el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y reemplazarlo por una Comisión General de las comunidades autónomas en el Senado, renovada y con mayor capacidad técnica. Esta nueva instancia estaría apoyada por un ‘staff técnico’ especializado y se articularía mediante una relación bilateral entre el Estado y las comunidades autónomas con competencias de tutela financiera sobre las entidades locales.
El organismo ha difundido este lunes un informe firmado por Diego Martínez (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla e investigador asociado a Fedea), Fernando González (Técnico Comercial y Economista del Estado) y Pablo Porrero (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla). En dicho trabajo se presenta una propuesta global para adaptar la gobernanza fiscal de España al nuevo marco europeo de reglas fiscales, aprobado en abril de 2024, subrayando que una mera “traslación mecánica” de ese esquema al caso español “no es viable”.
Ante este escenario, el documento detalla dos vías metodológicas. La primera se centra en calcular para cada comunidad autónoma el déficit máximo compatible con una senda de reducción de deuda que converja hacia un nivel de referencia del 13% del PIB, contemplando distintos ritmos de ajuste y varios supuestos macroeconómicos.
La segunda alternativa se basa en fijar una trayectoria de gasto autonómico ligada al crecimiento tendencial de los ingresos no financieros, siguiendo un modelo semejante al que se aplica en Suiza “con notable éxito”. Según el análisis, las trayectorias de ingresos y, por tanto, de gasto permitido que se derivan de este planteamiento presentan un marcado carácter anticíclico.
Respecto a las Entidades Locales (EELL), la propuesta pivota sobre mantener la mayor parte de la regulación incluida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, introduciendo a la vez ajustes en la forma de calcular el gasto de referencia para la aplicación de la regla de gasto, con el fin de hacerla más coherente y operativa.
El informe sugiere igualmente explorar mecanismos financieros que permitan dirigir los remanentes de tesorería de EELL con superávit hacia aquellas con una situación de elevado riesgo financiero. En paralelo, aboga por intensificar la cooperación entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas (CCAA) que ejercen funciones de tutela financiera sobre sus entidades locales.
El trabajo también analiza la incorporación de cláusulas de escape imprescindibles dentro del nuevo marco de reglas fiscales propuesto; el diseño de los órganos de gobernanza necesarios para canalizar los intereses políticos de los distintos niveles de gobierno; la gestión de las cada vez más habituales prórrogas presupuestarias; la conveniencia de fijar reglas de oro para blindar la inversión pública; y la forma de abordar eventuales procesos de condonación de deuda de las haciendas subcentrales.
En relación con la condonación de la deuda autonómica en poder del Estado, los autores sostienen que esta medida resulta necesaria para asegurar un acceso pleno de las comunidades autónomas a los mercados de capitales. No obstante, muestran un desacuerdo profundo con el proyecto planteado por el Gobierno en 2025, al considerar que se aparta de los criterios que, a su juicio, deberían guiar una reestructuración ordenada y equitativa de estos pasivos.