Ya hay propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica. El vigente fue aprobado en 2009 y debía haberse renovado a los cinco años. Lleva 17 años operando, sin que hasta la fecha se haya podido renovar.
La reforma presentada este viernes por la vicepresidenta de Hacienda, María Jesús Montero, es la alternativa más concreta hasta la fecha. Y, sin embargo, la posibilidad de que pueda aprobarse es lejana (pero dejemos eso para más adelante).
¿Qué dificultades enfrenta?
Tocar un modelo de financiación es siempre delicado. Y polémico. Cualquier variación tiene ganadores y perdedores. El debate es peliagudo y exige mucho tacto.
@democrata_info_ 🔴La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el Gobierno ha presentado su propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica.
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¿Qué propone el Gobierno?
Aumentar la tarta a repartir (a costa de los ingresos de la Administración General del Estado) y cuidar que las situaciones ventajosas del anterior régimen para algunas comunidades, como mínimo, se mantengan.
¿Y eso cómo se conseguiría? Aumentando la cesión de impuestos a las comunidades.
- IRPF: pasa del 50% al 55%
- IVA: del 50% al 56,5%
- Impuestos especiales: se mantiene el 58% de impuestos especiales sobre el tabaco, el alcohol, la cerveza e hidrocarburos
- Al 100% continúan Sucesiones, Transmisiones, Actos Jurídicos Documentados, IEDMT (el ‘de matriculación’), Electricidad, tasas y tributos sobre el juego
- Nuevos impuestos a la cesta: Patrimonio, Depósitos Bancarios, Juego, Residuos
En total, Hacienda estima que la nueva cesión de impuestos supondría unos 16.000 millones de euros adicionales.
Pero también una serie de ajustes que elevarían los recursos del sistema de financiación en casi 21.000 millones respecto al sistema vigente.
En total, la estimación de Hacienda es que el modelo aporte 224.507 millones de euros.
¿Qué otras novedades propone?
- Sistema más directo y transparente: acaba con los fondos que, una vez operaban los criterios de reparto, compensaban a las comunidades por distintas vías y prevé una liquidación más ágil e inmediata
- Mayor precisión en los ajustes: más variables al aplicar el criterio poblacional para ajustarse a realidades como el envejecimiento, la dispersión territorial o la concentración de población por motivos educativos
- Cerrar brechas: a través de varios filtros, el Gobierno quiere evitar grandes diferencias entre los recursos que recibe cada comunidad per cápita
- Elementos de bilateralidad: cada CCAA tendrá la opción de elegir cómo acceder a determinados fondos
- Atención de nuevas realidades: ajustes para tener en cuenta la despoblación o los efectos del cambio climático, con atención a las comunidades mediterráneas
- Cláusula ‘antidumping’: aún por definir, Hacienda busca mecanismos para evitar la carrera fiscal a la baja de las comunidades
¿Cómo se reparten los recursos?
El grueso de los recursos se distribuye atendiendo a una serie de criterios, con diferente ponderación, y la aplicación de sucesivos filtros de nivelación y ajustes adicionales.
Para empezar, los criterios de población ajustada con los siguientes criterios:
- Población empadronada: 30%
- Población protegida (en base al gasto sanitario): 38%
- Educación (0-17 años): 17%
- Educación (18-24 años y alumnos desplazados): 3,5%
- Servicios sociales (mayores de 65 años): 7%
- Servicios sociales (parados sin prestación): 1,5%
- Superficie: 1,6%
- Dispersión: 0,5%
- Insularidad: 0,5%
- Costes fijos (escasa población y dificultad para alcanzar economías de escala): 0,4%
Ojo al padrón. Será fijo durante los cinco años de vigencia del sistema con el fin de no penalizar adicionalmente a las comunidades que durante ese período pierdan población. El cálculo, año a año, se hará en base a la población del año base.
Empiezan los ajustes
A partir del primer reparto, empiezan los ajustes de nivelación:
Primera fase de nivelación horizontal. Mecanismo de solidaridad interterritorial que iguala al 75% la distancia de cada comunidad respecto a la media de recursos por habitante ajustado. Se distingue así entre las que recibirán recursos por encima de su capacidad y las aportadoras netas.
Segunda fase de nivelación vertical. El Estado aporta 19.000 millones adicionales para reducir más la brecha de ingresos por habitante ajustado. Se emplea el 5% adicional del IRPF (y si no basta, una transferencia adicional) para reducir en dos tercios la brecha de cada comunidad respecto al territorio que reciba más ingresos por habitante.
Y, hasta ahí, quedarían asignados, aproximadamente, el 98,4% de los recursos del sistema de financiación.
Y después, nuevos ajustes
IVA de las pymes. Las comunidades podrán decidir si reciben una parte de la recaudación del IVA generada por las pymes en su territorio o recibir su equivalencia como transferencia. Se trata de un incentivo para estimular el impulso de las pequeñas y medianas empresas. La estimación es de algo más de 2.000 millones adicionales.
Fondo climático. Mil millones adicionales para sobrecompensar a las comunidades mediterráneas –dos tercios se reparten entre ellas y un tercio entre el resto--.
Statu quo. Elemento de garantía para asegurar que ninguna comunidad recibe menos recursos de los que habría obtenido con el modelo anterior. También con cargo a la Administración General del Estado, que aportaría 400 millones más.
Y ahora, ¿qué?
Hacienda quiere aprobar la reforma este año y aplicarla a partir de 2027. Para ser entrar en vigor, debe ser aprobada a través de una ley orgánica, que exige mayoría absoluta en el Congreso.
Por ahora, sólo es una propuesta sin articulación legal. Hacienda ha convocado a las comunidades autónomas el próximo miércoles para comunicar los detalles de su propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
A partir de ahí, se seguirán los cauces para elaborar un texto normativo, que deberá ser examinado por el Consejo de Ministros primero como anteproyecto y después aprobado como proyecto de ley y remitido al Congreso.
Hacienda calcula dos meses para articular una propuesta normativa, por lo que en marzo podría llegar al Congreso.
El problema, en todo caso, no es tanto de tiempos sino de números. La reforma nace de la propuesta del Gobierno y el acuerdo con ERC. Pero no tiene apoyos suficientes en el Congreso para salir adelante.
Bloqueo del PP y veto de Junts
Pese a que Hacienda hace hincapié en el coste que puede tener para el PP rechazar una reforma que, esencialmente, llega para aumentar los recursos de sus gobiernos autonómicos --un 70% de los nuevos ingresos van a sus autonomías--, todo apunta al bloqueo de los 'populares' a la reforma.
Los de Alberto Núñez Feijóo rechazan dar oxígeno al Gobierno y esta reforma podría justificar la legislatura al renovar un sistema caducado hace ya doce años. Y tienen una excusa perfecta: nace del acuerdo con ERC, formación independentista, un argumento que podría bastarles para dar carpetazo a cualquier intento de acuerdo.
La vicepresidenta Montero, en todo caso, no desiste y reta al PP a plantear, si no cambios, una alternativa. ¿Por qué? Cree que, directamente, carecen de ella por la disparidad de criterios entre sus barones y, asegura, la falta de liderazgo de Feijóo para cerrar filas en torno a una posición.
El 'drama' del Gobierno, en todo caso, no está en la bancada 'popular'. La 'fuga' de Junts del bloque que respalda al Gobierno le impide ganar cualquier votación con el PP enfrente (que son casi todas).
Y en esta ocasión, los de Carles Puigdemont tampoco están dispuestos a avalar el acuerdo con ERC, especialmente por no colmar las expectativas en torno a la gestión tributaria. La condonación de la deuda y el modelo de financiación ven la luz, pero el traspaso en la gestión de impuestos está lejos de cumplirse.
El acuerdo para la investidura de Salvador Illa como president contemplaba que el IRPF pasara a ser gestionado por la agencia tributaria catalana este año. En Hacienda rechazan que esto vaya a ser así. Los Presupuestos, sorpresas aparte, quedan en vía muerta.