QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha desestimado la solicitud de Junts para implementar una modificación legal que intensifique la otorgación de permisos de paternidad a empleados migratorios temporales debido a presuntos fraudes.
Isidre Gavín, diputado de Junts, ha cuestionado a la ministra respecto a estos supuestos fraudes, que la agrupación política ha denunciado recientemente a través de una proposición no de ley durante la sesión de control. «Estos pequeños agricultores hace años que alertan de que hay fraude en los permisos de paternidad de los temporeros y que aumentan exponencialmente», ha declarado Gavín.
Gavín ha señalado que en numerosas ocasiones, la administración acepta documentos de estos trabajadores que poseen una «letra ilegible» y que estos solicitan múltiples permisos alegando que «en su país son polígamos». Al obtener el permiso, estos trabajadores suelen laborar de manera informal, lo que motivó a Gavín a solicitar al Gobierno un endurecimiento de la normativa.
EL FRAUDE HA SIDO «ANECDÓTICO», SEGÚN LA MINISTRA
En respuesta, la ministra Elma Saiz ha mencionado que solo se han impuesto sanciones a 22 personas en Cataluña por fingir una relación laboral con el fin de acceder a la prestación por nacimiento o incrementar sus bases de cotización para recibir una prestación mayor, un número que considera «anecdótico».
«Por tanto, plantear una modificación normativa general solo para trabajadores extranjeros sobre una base fáctica que es ciertamente anecdótica y que afecta por igual a trabajadores españoles y extranjeros no parece que sea lo adecuado», ha explicado Saiz. Además, ha recordado que en casos donde el nacimiento del hijo o hija ocurra en el extranjero, se requiere un certificado de nacimiento legalizado. Si hay dudas sobre la autenticidad del documento, el departamento de Seguridad Social solicita la verificación del mismo al organismo adecuado. Si se sospecha de fraude, el caso se envía a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para una investigación individualizada. «Por tanto, la normativa actual ya contiene mecanismos adecuados para prevenir y sancionar posibles fraudes sin necesidad de añadir requisitos adicionales», concluyó Saiz.
