La Agencia Tributaria explotará durante este año la nueva información financiera de la que dispone para intensificar el control sobre el negocio digital y sobre las rentas y patrimonios ocultos, además de reforzar la lucha contra la economía sumergida. Al mismo tiempo, incrementará la supervisión de las operaciones vinculadas a la llamada “neobanca” y revisará con mayor detalle la tributación de los creadores de contenido o “influencers”, junto con la ubicación de sus domicilios fiscales.
Estos ejes de actuación figuran entre las prioridades de la Agencia Tributaria para 2026 incluidas en el Plan de Control Tributario de este ejercicio, difundido este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El documento también contempla mantener el refuerzo de la ofensiva contra el fraude fiscal de las sociedades con volúmenes de negocio significativos y de las personas físicas con patrimonios de gran tamaño, a la vez que se intensificará la supervisión y la prevención del fraude en todos los segmentos del sector inmobiliario y de la construcción.
El organismo subraya que desde este año dispondrá de nuevas declaraciones informativas mensuales que deberán presentar las entidades financieras sobre los cobros con tarjeta y sobre todo tipo de cuentas financieras. Esta herramienta permitirá afinar el control sobre posibles ocultaciones de actividades empresariales, la utilización de sociedades pantalla y otras estructuras instrumentales empleadas en tramas de IVA.
Neobanca y comercio electrónico bajo la lupa
Esta nueva base de datos financieros, combinada con la información recientemente incorporada sobre pagos transfronterizos, reforzará igualmente la vigilancia del uso de cuentas abiertas en entidades financieras digitales (“neobancos”) para esconder rentas o patrimonios situados en el extranjero. Las comprobaciones se centrarán en los contribuyentes en los que se aprecie un uso irregular de cuentas “neobancarias” con el propósito de disimular rentas o bienes fuera de España.
La información financiera adicional se sumará a la que facilitan las plataformas de venta “online” a través, entre otros canales, de la DAC7, con el objetivo de seguir avanzando en el control del comercio electrónico, que vuelve a figurar este año como “objetivo prioritario” en las actuaciones de control, tanto en la venta de productos como en la prestación de servicios.
En particular, se llevarán a cabo actuaciones de comprobación sobre entidades formalmente constituidas en España o en otro Estado miembro que aparenten estar establecidas en la UE con la finalidad de alterar el régimen de tributación en el IVA aplicable a las ventas de comercio electrónico que realizan mediante plataformas, tratando de esquivar así el pago del impuesto.
Hacienda seguirá, además, profundizando en el examen y verificación de la correcta tributación de los creadores de contenido en redes sociales o “influencers”, incluyendo la revisión de la residencia fiscal de quienes intervienen en estas nuevas actividades económicas.
En el ámbito de Aduanas e Impuestos Especiales, el control de las operaciones ligadas al comercio electrónico se verá reforzado tras la supresión de la franquicia de 150 euros en derechos de aduana.
Criptomonedas y patrimonios no declarados
De forma paralela, en 2026 se potenciarán las actuaciones de control dirigidas a contribuyentes que hayan realizado operaciones con monedas virtuales y no hayan declarado las rentas o ganancias patrimoniales generadas por su tenencia o transmisión.
En este contexto, se intensificará el uso de la información disponible y el análisis de perfiles de riesgo mediante herramientas de trazabilidad en “blockchain”, con el fin de localizar contribuyentes con indicios de patrimonios no justificados o rentas omitidas.
La Agencia Tributaria también redoblará en 2026 las actuaciones de control y prevención del fraude en las distintas ramas de actividad del sector inmobiliario, en un escenario de reactivación de este mercado tras varios años de menor dinamismo. Así, se revisarán con detalle riesgos típicos del sector, como la deducción indebida de gastos financieros o el uso abusivo de subcontratas, prestando asimismo especial atención a la comercialización e intermediación en la compraventa y el arrendamiento de inmuebles.
El organismo pondrá el foco igualmente en la correcta valoración de los inmuebles en las transmisiones, en particular cuando participen entidades vinculadas o estructuras societarias complejas. Además, se reforzará el control del cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa, sobre todo en operaciones de promoción, rehabilitación y transmisión sucesiva de inmuebles.
Alquileres turísticos y pisos de temporada
En el campo de los arrendamientos, se incrementarán las actuaciones orientadas a comprobar la correcta declaración de los ingresos obtenidos, con especial énfasis en los alquileres gestionados mediante plataformas digitales. Se seguirá incidiendo, de forma destacada, en los distintos operadores que intervienen en el mercado del alquiler turístico a través de estas plataformas.
También se vigilará de forma específica el sector de la intermediación para asegurar que el sistema de comisiones sobre el que se articula tenga “un adecuado reflejo” en las declaraciones tributarias.
Asimismo, uno de los objetivos de los planes de visitas de comprobación formal será detectar arrendamientos de inmuebles residenciales destinados a usos distintos del de vivienda que no se declaran, o que se declaran como si fueran arrendamientos de vivienda habitual. “Se trata de detectar artificios en el alquiler de pisos turísticos y arrendamientos de temporada”, recalca Hacienda.
Socimis, no residentes y sector de hidrocarburos
De igual manera, se seguirá intensificando el control sobre las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (socimi), dado su régimen fiscal específico y su peso en el mercado inmobiliario, y se vigilará la correcta tributación de las ganancias patrimoniales procedentes de inmuebles obtenidas por no residentes.
En relación con las personas no residentes que posean elementos patrimoniales en España, de forma directa o indirecta, se desarrollarán actuaciones de control del Impuesto sobre el Patrimonio por obligación real de contribuir y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
En el sector de los hidrocarburos, se intensificarán las comprobaciones formales para verificar que todos los obligados tributarios inscritos en el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (Redef) en el IVA continúan cumpliendo los requisitos necesarios para permanecer en él. Al mismo tiempo, se endurecerán las condiciones para ser titular de un depósito fiscal, con el fin de evitar que el fraude se desplace hacia esta figura.
La Agencia Tributaria mantendrá, además, su presencia en sectores y modelos de negocio donde se aprecie un elevado riesgo de economía sumergida. Continuarán los planes sectoriales de visitas a actividades empresariales y profesionales, con un marcado componente de revisión censal y formal, que volverán a poner el acento en el control de los TPV y en la no admisión de determinados pagos con tarjeta.
Multinacionales y grandes fortunas en el punto de mira
En el ámbito de las multinacionales, se reforzarán los controles en aquellos escenarios donde se concentren riesgos de aplicación de la normativa tributaria “más allá de una interpretación razonable”. En cuanto a los grupos societarios, se observará con especial atención a los grupos fiscales cuyo importe neto de la cifra de negocios resulte “llamativamente bajo”.
Una de las líneas clave en 2026 seguirá siendo el control de los grandes patrimonios, con especial vigilancia de los signos externos de riqueza y del nivel de vida que no se correspondan con las rentas y el patrimonio declarados, así como del uso de sociedades instrumentales para eludir o reducir la carga impositiva personal.