QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ministerio de Hacienda publicará este miércoles -tal y como confirmó ayer la ministra del ramo, María Jesús Montero- la Orden Ministerial que recoge las normas para elaborar los Presupuestos Generales del Estado 2026. A partir de ahora, comienzan a correr los plazos, que podrían terminar con unas nuevas cuentas anuales, o con la tercera prórroga consecutiva, lo que convertiría los presupuestos de 2023 (los que están en vigor actualmente) es los más longevos de la democracia.
Al ser preguntada ayer tras el Consejo de Ministros, Montero, reiteró que el Gobierno va a presentar los presupuestos. Además, la responsable de Hacienda reconoció que los contactos con otros grupos parlamentarios ya se han iniciado de manera informal y que, aunque en el orden del día de la reunión de ayer entre Salvador Illa y Carles Puigdemont no estaban los presupuestos, es un encuentro que «va en la línea de seguir ganando confianza mutua entre las distintas formaciones políticas, algo que es bueno para la convicencia y el diálogo», aseveró. Fuentes de Hacienda confirman a Demócrata que será Montero la que lleve en primera persona estas negociaciones presupuestarias.
Sobre este tema, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que están estudiando con un equipo de juristas la posibilidad de introducir una normativa para que, cuando un Gobierno acumule dos prórrogas presupuestarias, automáticamente, se convoquen elecciones.
Orden Ministerial
Una vez publicada la Orden, todos los centros gestores de los diferentes Ministerios, así como las Entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles estatales y las fundaciones del sector público estatal deberán enviar sus propuestas de ingresos y gastos a la Dirección General de Presupuestos, antes del 12 de septiembre.
También remitirán a la Secretaría General de Fondos Europeos, los proyectos de inversión y otras partidas de gasto que sean susceptibles de ser financiados con fondos de la Unión Europea.
Además, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Derechos Sociales remitirán las propuestas de presupuestos del Instituto Nacional de Gestión Sanitara y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Mientras que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones remitirá el anteproyecto de presupuesto de la Seguridad Social.
Senda de estabilidad presupuestaria
La aprobación de la senda de estabilidad presupuestaria (que incluye el techo de gasto) será el primer gran escollo. Para los presupuestos de 2025, el Gobierno perdió, en julio de 2024, la votación de esta senda de estabilidad presupuestaria. Volvió a presentar una nueva en septiembre, que retiró dos días antes de la votación, para evitar otra derrota.
No hay plazo para la votación de este techo de gasto, aunque María Jesús Montero ya ha manifestado que será «en breve».
Tal y como se establece en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, una vez que el Consejo de Ministros apruebe estos objetivos de estabilidad presupuestaria, el acuerdo se remitirá a las Cortes Generales.
Allí se someterán a debate y votación. Si son rechazadas, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo. Si son aprobados en el Congreso, pero rechazados en el Senado, se someterán de nuevo a votación en el Congreso, en donde una mayoría simple levantaría el veto de la Cámara Alta.
Anteproyecto de Ley
Posteriormente, con toda la información recogida de las diferentes fuentes tras la Orden Ministerial, el Ministerio de Hacienda elaborará el anteproyecto de ley, que deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros. Una vez que esto suceda, y ya, por tanto, convertido en proyecto de ley, se enviará a las Cortes Generales.
El artículo 134.3 de la Constitución Española señala que el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. Es decir, antes del 1 de octubre. Algo que, dado que ya es septiembre, y que antes se tiene que publicar la Orden Ministerial y aprobar el techo de gasto, no se cumplirá.
Tramitación parlamentaria
Una vez enviado el proyecto, la Mesa del Congreso de los Diputados, tras las comprobaciones pertinentes, ordenará su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de ese momento, los grupos parlamentarios tendrán un plazo de 15 días para presentar las enmiendas, que podrán ser a la totalidad, al articulado o al estado de autorización de los gastos.
Si existiesen enmiendas a la totalidad, se celebraría un debate en el Pleno de la Cámara, en el que, si se aprobara la enmienda, se producirá un veto y, por tanto, el proyecto remitido se devolvería al Gobierno.
Si hay enmiendas al articulado, el Gobierno tendrá un plazo de 15 días para responder a las mismas.
Pleno en el Congreso
Tras lo anterior, y si el proyecto no es devuelto al Gobierno, la Comisión de Presupuestos en el Congreso elaborará, en un plazo de 15 días, un dictamen que será elevado al Pleno de la Cámara para su debate y votación.
Senado
Si se aprobase, el proyecto pasaría al Senado, donde los senadores dispondrán de 10 días para presentar enmiendas y propuestas de veto, que votarán en el Pleno de la Cámara Alta. El Senado dispone de dos meses para su tramitación, aunque podría reducirse a 20 días si el proyecto de ley es declarado urgente.
Las enmiendas aprobadas en el Senado deberán votarse en el Congreso de los Diputados, siendo necesaria una mayoría simple para que queden incorporadas al texto.
En caso de que del Senado hubiera salido un veto, en las Cortes se necesitará mayoría absoluta para levantarlo. Si no se lograra, se realizará una segunda votación dos meses después, a contar desde la formulación del veto, en donde se requerirá una mayoría simple para su votación. Si en esta segunda votación tampoco resultase levantado el veto, el proyecto de ley quedará finalmente rechazado.
Si se aprobase el proyecto de ley, se procederá a la publicación en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor el primer día del ejercicio económico.
