La Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha iniciado un proceso sancionador contra una destacada promotora de eventos musicales por supuestas prácticas abusivas, como la restricción de llevar alimentos y bebidas de fuera al recinto.
El anuncio fue hecho este lunes por el departamento liderado por Pablo Bustinduy, señalando que la empresa opera en diversas regiones, lo que otorga a Consumo la autoridad para actuar. Las fuentes del Ministerio, consultadas por Europa Press, han señalado que no se revelará el nombre de la promotora mientras dure el procedimiento.
Entre las conductas inapropiadas señaladas se incluye la prohibición “expresa y generalizada” de entrar al evento con alimentos y bebidas externos, controlando el acceso de los asistentes de manera “potencialmente arbitraria”. Además, se investiga la restricción de salir y reingresar al evento, donde se exige un pago adicional para permitirlo.
Otras prácticas bajo escrutinio incluyen la imposición de un sistema de pago mediante pulseras cashless sin opción a devolver el saldo restante si es menor a un mínimo establecido y con costes adicionales por gestionar dichas devoluciones, además de un plazo limitado para reclamar este reembolso.
De confirmarse, estas acciones serían consideradas como abusivas y violatorias del artículo 47.1.j del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Las infracciones graves podrían conllevar multas de entre 100.001 y 1 millón de euros. Tras la apertura del expediente, se establece un periodo de hasta 9 meses para su resolución por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La apertura del expediente no anticipa el resultado final de la investigación.