Inspectores de Hacienda se oponen a ceder gestión de la Agencia Tributaria a las autonomías

Los inspectores de Hacienda rechazan el nuevo modelo de financiación autonómica por la cesión de gestión tributaria a comunidades con mayor autogobierno.

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El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y la presidenta de la Asociación de Inspectores del Estado, Ana de la Herrán, en el Congreso del colectivo en Salamanca. INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO.

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La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha expresado su rechazo al planteamiento incluido en la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica presentada este viernes por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al considerar que introduce "de forma preocupante la cesión de competencias gestoras de la Agencia Tributaria a aquellas comunidades con mayor vocación de autogobierno".

En el marco de este nuevo sistema de financiación, el Gobierno plantea un modelo renovado de gestión en red del sistema tributario, en el que colaboren tanto las agencias tributarias autonómicas como la estatal, con el objetivo de mejorar la persecución del fraude y, además, permitir que determinados territorios "que tienen mayor vocación de autogobierno" vayan asumiendo progresivamente más competencias gestoras, según detalló Montero en rueda de prensa.

Sin embargo, para los inspectores de Hacienda esta transferencia de funciones implicaría, en la práctica, una fragmentación de la Administración tributaria estatal, "un aspecto que la ministra evita abordar porque es consciente de que conduciría a un incremento significativo del gasto público y a una ineficiencia e ineficacia sin precedentes en la gestión tributaria".

Aunque en la comparecencia de Montero no se cuantificó ni se hizo referencia a ese posible sobrecoste, la asociación advierte de que resultaría inasumible para los contribuyentes españoles. A su juicio, pondría en riesgo la prestación de servicios esenciales de la AEAT --como las campañas del IRPF-- y debilitaría "gravemente" la lucha contra el fraude fiscal, ampliando la brecha existente y obligando, en última instancia, al Estado a afrontar un gasto adicional que solo podría cubrirse mediante incrementos de impuestos.